Foto: RAFA MOLINA.BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm sí que volverá a iniciar la revisión de oficio del convenio suscrito por Antonio Manuel Puchades, que firmó junto a Edificaciones Calpe SA, MP Urbanizaciones SL y FPO SA por los terrenos de Serra Gelada. El gobierno local llevará la propuesta al próximo pleno en el que tienen mayoría frente a la oposición. Como ya explicara este diario, el Consistorio dio este paso en enero de este año, pero después de seis meses sin resolución, se caducó el expediente.
El acuerdo de hace 18 años recogía compensar con edificabilidad en otros planes parciales de la ciudad a los propietarios por los terrenos que el Plan General de 1963 reconocía como urbanos en Serra Gelada. La necesidad de este convenio aparecía después de que la Generalitat Valenciana decidiera que tenía que estar protegido como parque natural y por tanto, eliminaba las posibilidades de construir en ellos.
En el mismo pleno de agosto, se llevó la propuesta por la que caducaban los dos procedimientos paralelos para la mercantil Acciona y para Puchades. Sin embargo, decidieron abrir de nuevo el expediente solo para la primera. Un mes después, el Ayuntamiento ha optado por hacer lo propio también con el del empresario de Benidorm.
Se trata de una revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho. Se basan en los informes de Ana Maria Falomir Faus y el secretario municipal. Así, la primera considera que procede examinar el caso "si persisten las causas" que asegura que "adolecen el convenio de 2003 y el acta de cesión de 2004". Una tesis que sigue sosteniendo en su informe del 16 de septiembre de este año, que ratifica sus palabras de enero.
Sobre esta premisa, el informe del secretario señala que es nulo por reconocer a los propietarios derechos de aprovechamiento urbanístico sin haber cumplido con los deberes de cesión, equidistribución y urbanización. Además, lo consideran así también "por reconocer a los propietarios una indemnización sin que concurran los requisitos necesarios para que se aplique la responsabilidad patrimonial urbanística, fundamentalmente no se ha patrimonializado el aprovechamiento urbanístico". Y por último, reafirman esta posición por "asumir el Ayuntamiento una indemnización cuando es la administración autonómica en el ejercicio de sus competencias, la que, ha adoptado decisiones sobre reclasificación y protección de los suelos del APR-7".
Así, considera que procede "declarar la nulidad de los citados convenios siguiendo el procedimiento de revisión de oficio" que proponen al próximo pleno. Finalmente, argumentan que los efectos de la nulidad se limitan a "la indemnización de los daños y perjuicios que se hayan sufrido, que deberán ser acreditados por quien los reclame, no siendo indemnizables las meras expectativas".
Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento de Benidorm aprobó en el pleno habilitar un importe de 636.000 euros para los terrenos de los Puchades. Según explica la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, la misma sigue en pie con el fin de dar ejecución a la última sentencia, que explica la edil que ya es firme. Así, señaló que en los juzgados se sigue otro contencioso sin resolver relativo también a los convenios, que no contradice al anterior.
Se trata de una cifra bastante alejada de lo que pedía el empresario: 57 millones de euros. Eso sí, el interesado recibirá el 25% del importe, que es la participación que tiene en este suelo. El restante será para otro conocido del sector: Quico Murcia Puchades.
Cabe recordar que el primero lo tasaba en 230 millones de euros –de los que le correspondería 57 millones– mientras que el segundo lo valoraba en 283 millones de euros. No obstante, el informe da por buenos los 636.000 euros de indemnización valorados por el Ayuntamiento a través de una empresa externa porque consideran que la sentencia lo ratifica.
