BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm ha tenido que echar mano de un contrato externo para la asistencia técnica externa ambiental para la redacción, tramitación y ejecución del planeamiento y las obras públicas municipales. Una adjudicación pública al que se presentaron cuatro empresas, pero que finalmente se ha llevado la valenciana Vielca Ingenieros. Lo hará por 29.000 euros anuales, de los 40.000 euros de presupuesto base de la licitación. El contrato es por dos años.
Según explicó a este diario la portavoz del gobierno local, Lourdes Caselles, en la primera mesa de negociación para esta adjudicación, se eliminó la participación de una de las mercantiles. La apertura del sobre B dejó a todas las ofertas con la misma puntuación, por lo que el presupuesto de los trabajos que fijaron las empresas fue lo que decantó la balanza: hacia el más barato.
En su momento, el Ayuntamiento justificó esta externalización por aliviar la carga de trabajo de los técnicos municipales, que no podían hacerse cargo de esta tarea, así como la necesidad de la especialización de los redactores de estos pliegos.
La contratación de este servicio empezó con mal pie. Ésta era la segunda vez que se sacaba a licitación, después de que en la primera tuvieran que suspenderla por un recurso ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales por parte de Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante.
Como ya publicara este diario, la resolución declaraba que esta licitación no garantizaba la libre concurrencia. El punto en discusión era que exigían que la empresa acreditase la redacción de, al menos, un estudio de Evaluación Ambiental de un plan que abarque un ámbito igual o superiora 3.000 Ha y un expediente de Impacto Ambiental de una Obra de al menos 1.500.000 euros que hayan sido tramitados de conformidad con la legislación urbanística de la Comunitat Valenciana.
Un punto que en ese momento se justificó por la importancia de que se conocieran la ley de la región, ya que cada una se rige por distintas normativas, pero que se corrigió para asegurar la libre competencia.
