BENIDORM. La expropiación de los terrenos del empresario Enrique Ortiz en el Moralet sigue pendiente. Tal y como publicara Alicante Plaza, el Ayuntamiento pagará en total 10,3 millones de euros por estas parcelas a las afueras de la ciudad. Para ello, el Consistorio abonó los primeros 5,9 millones de euros, y ahora, queda pagar el resto. ¿Cómo? A través de un préstamo que se ha adjudicado al Banco Sabadell después de un proceso de licitación que ha concluido ahora. Según la concejal de Hacienda, Aida García Mayor, el contrato ya está formalizado y el dinero ya está disponible.
Como se recordará, los primeros casi seis millones de euros eran de la primera cuantía que se estableció en su momento. Sin embargo, el último fallo incrementaba el valor del suelo que se expropió a la empresa Incobe S.L. hasta los 9.041.783,01 euros. Pero la nueva consideración del juez asciende el precio a los 10.304.402 euros. Es decir, más de un millón de euros de diferencia.
Estos 4,3 millones de euros se consignaron en el capítulo de Inversiones del presupuesto de 2022, pero tendrá que afrontarse con financiación externa a través de la contratación de este préstamo. Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, a la licitación se presentaron tres propuestas, además de la del Sabadell. Se trata de Caixa Rural de Callosa, BBVA y Caixabank. Eso sí, la primera no fue admitida porque ofrecía "un tipo de interés que supera los límites de prudencia financiera establecidos en la Resolución de 4 de julio de 2017, que actualizado el anexo 1 por Resolución de 5 de abril de 2022, queda establecido en 35 puntos básicos", remarca el informe de Tesorería.
Tanto Banco Sabadell como Caixabank ofrecían los mismos tipos de interés y ambos cobran comisiones bancarias, por lo que la balanza se decantó en el siguiente requisito que contemplaba el pliego. El que menos tipo de interés de demora haya ofrecido, siendo la del Sabadell del 0% sobre el interés vigente, mientras que Caixabank establecía un diferencial sobre el nominal de demora del 2%.
Con todo, las condiciones en las que se ha establecido el acuerdo aplicará el Euribor a tres meses más 33 puntos básicos. Además, contarán con una revisión trimestral, recordando que tendrán un interés de demora del 0%.
Para más detalle, el informe señala que el tipo de interés variable que se toma como referencia es el extraído de la página web oficial del Banco de España, que a 20 de abril de 2022 estaba en -0,475. A ello habría que añadir el margen ofertado por Sabadell. De momento, se quedaría en un diferencial negativo a la espera de la primera revisión a los tres meses. No obstante, el pliego recoge que si la suma del interés de referencia más el marginal da en negativo, se establecerá en cero para ese periodo.
Según recoge el pliego para la contratación del préstamo, el plazo total de la operación será de siete años y se dividirá en dos períodos. Un primer período de carencia que abarcará el plazo de un año y un segundo período que corresponderá al de amortización. Este tendrá una duración de seis años y se contará a partir del período de carencia. Así, recoge que durante el plazo de carencia se podrán disponer de los fondos en función de las peticiones que realice el Ayuntamiento, satisfaciéndose intereses solo por la cantidad dispuesta, con periodicidad trimestral y pospagable. Finalizado el período de carencia se desembolsará la totalidad del préstamo —en el caso de que no estuviera desembolsada—, para empezar con su amortización.
La historia de los terrenos del Moralet viene de lejos. Tal y como publicó este diario, en 2008 el empresario firmó una permuta con los propietarios del suelo en el que canjean, sin dinero de por medio, 332.894 metros cuadrados de parcela en el Moralet, por 4.712,19 metros cuadrados repartidos en un local de la estación de autobuses y 148 plazas de garaje. Según consta en el acta notarial de la permuta, los terrenos se valoraron en ese momento por 7.883.374 euros, mientras que el local alcanzaba los 5.783.374 euros. Sin embargo, en 2011 la empresa de Ortiz inició los trámites para obligar al Ayuntamiento a la expropiación forzosa por no haberse desarrollado en el plazo establecido: reclamó por ellos 47 millones de euros.
El Consistorio tasó el terreno, no urbanizable, en 73.000 euros. Tiempo después, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana lo fijó en 5,9 millones, cantidad que fue ratificada por el Tribunal Supremo. El importe lo abonaron en 2017, pero se olvidaron los intereses de demora que ascendía a 1,08 millones de euros. Pero no queda ahí, el Ayuntamiento pagó 40 euros menos de lo que se falló por un error. Se devolvió el expediente a su fase anterior y terminó con un nuevo contencioso de la empresa que ha servido para incrementar el precio del suelo en 4,3 millones de euros.
