Así es la ley valenciana de Memoria Histórica: mapas, censos y ayudas para los represaliados

ALICANTE. El Gobierno valenciano aprueba este viernes el anteproyecto de Ley de la Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana. Y para hacer todos los honores, el Consell ha elegido Alicante y al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para su presentación en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante.

La titular de la cartera de Justicia, Gabriela Bravo, fue la encargada de presentar algunos de los detalles del texto normativo, "no revanchista", como ha insistido, que ahora comienza su trámite de debate y modificación en Les Corts Valencianes. Bravo expuso que la futura ley fijará el 28 de marzo como el día de la víctimas, en referencia al día que murió el poeta Miguel Hernández en la cárcel de Benalúa de Alicante y por el bombardeo franquista sobre el Mercado Central de Alicante, que causó la muerte de más de 300 víctimas civiles.  

Bravo expuso que la ley establecerá una mapa de lugares para el recuerdo y la memoria del horror y la barbarie que causó la Guerra Civil. Entre ellos citó, además de la mencionada cárcel de Benalúa -hoy edificio judicial- y el Mercado Central, el Puerto de Alicante, de dónde partió el Stanbrook con los últimos fieles de la II República hacia la ciudad argelina de Orán; la finca de Petrer, como sede del Gobierno repúblicano o Albatera, donde estaba uno de los mayores campos de concentración.

La ley permitirá hacer un censo de fosas de represaliados. Actualmente, se tienen localizadas unas 300 en toda la Comunitat Valenciana, con víctimas de los dos bandos, ha explicado Bravo. Y también contemplará ayudas para poder exhumar esas fosas en las que se calcula que hay 11.000 personas que murieron durante la contienda civil, entre los dos bandos. Para este año, hay contemplados 4 millones de euros.

Asimismo, el texto contempla sanciones de hasta 150.000 euros en los casos más graves cuando se incumplan las obligaciones establecidas en la ley estatal, aprobada por el Gobierno de Zapatero en 2007. Una vez sea aprobada por las Cortes Valencianas, la ley establecerá un año de plazo para que se retiren los elementos franquistas todavía vigentes en las vías públicas o edificios oficiales.

La consellera ha considerado que ahora ya ha pasado un tiempo suficiente para que todos los valencianos nos demos una ley que reconozca la "memoria, la justicia, la verdad y la reconciliación". "Ahora somos más maduros, la condena es inequívoca", ha asegurado.

Puig y las libertades

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig,  por su parte, ha insistido el carácter conciliador de la ley y ha asegurado que el texto pretende hacer un poco de memoria en dos sentidos: para seguir luchando las libertades. "Las libertades no están garantizadas para siempre. Las libertades hay que lucharlas siempre", ha asegurado. Y sobre todo, para no olvidar el drama de los refugiados: "No podemos hablar de memoria histórica sin ser conscientes también del drama del Mediterráneo".