Foto: EDUARDO MANZANAALICANTE. El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Alicante advierte de que la Ley por el Derecho a la Vivienda que ha sido publicada este jueves en el BOE contribuirá a subir los precios del alquiler y supone la práctica legalización de la ocupación de viviendas en muchas ocasiones. La entidad deja claro que las medidas que recoge la nueva normativa, como la limitación de la renta en las zonas tensionadas y el aumento de la prórroga de los desahucios para hogares vulnerables, aumentan la inseguridad jurídica de los propietarios ante los impagos. "Hay propietarios más vulnerables que algunos inquilinos que, sin embargo, quedan completamente desprotegidos por esta Ley".
"Todo esto llevará a un aumento de los precios del alquiler en la provincia de Alicante, que ya estaban en máximos, ya que se desincentiva a los propietarios a que pongan sus viviendas en alquiler, con lo que se reduce la oferta, que ya era escasa y no puede atender la gran demanda", explica Marifé Esteso, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante. "La oferta es tan escasa que la mayoría de las viviendas apenas duran unas horas en alquiler en las inmobiliarias por la enorme demanda existente".
En cuanto a la limitación de precios que se establece en las zonas tensionadas, la experiencia vivida con la legislación catalana ha demostrado que, a medio plazo, los precios han aumentado y se ha reducido la oferta de viviendas en alquiler residencial, indican los API, por lo que supone "una medida absolutamente negativa y contraproducente".
Respecto al cambio normativo que obliga a que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato de arrendamiento corran sólo a cargo del propietario, el COAPI de Alicante confirma que creará mayor desprotección al inquilino, “al entenderse la figura del profesional como un mandatario del arrendador, por lo que se deberá a la defensa de los intereses de éste. Lo mejor sería que el profesional sea un mediador, y asesore a ambas partes tanto en las actuaciones previas a la firma del contrato como a las posteriores que vayan surgiendo”, indica.
Esta obligación impide además que los agentes inmobiliarios acepten encargos por parte de clientes interesados en el arrendamiento de viviendas, puesto que no les podrán repercutir sus honorarios, con lo cual se infringe el principio de libre pacto. Otra consecuencia de la imputación del coste de forma exclusiva al propietario será el incremento del precio de la renta de alquiler, ya que, al igual que ocurre en todos los sectores económicos, una subida de los gastos se repercute en el precio final del servicio.
Ante esta situación, Marifé Esteso recuerda que el colectivo API lleva años reclamando a las administraciones que tomen medidas urgentes que ayuden a aumentar la oferta de vivienda en alquiler en el mercado para rebajar los precios. En este sentido, aboga por proteger a los propietarios, en lugar de criminalizarlos, y ofrecerles la seguridad jurídica necesaria para que pierdan el miedo a poner sus viviendas en alquiler. “Y aquí tenemos que recordar que la mayoría de los arrendadores son ciudadanos de clase media que sólo tienen una vivienda en alquiler, que usan como complemento de sus ingresos. Incluso hay casos de personas que sólo lo tienen como único ingreso y necesitan tener la seguridad de que van a cobrar la renta para decidirse a entrar en el mercado del alquiler”, indica.
Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante también señalan que resulta incomprensible que esta Ley no prevea la regulación del sector de intermediación Inmobiliaria, cuando la inversión en vivienda habitual es la más importante que realizan las familias. “Se ha perdido una gran oportunidad para regular la actividad de intermediación inmobiliaria a nivel nacional y evitar las diferencias entre comunidades que existen hasta ahora”, afirma Esteso.
