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Apha "rechaza frontalmente" medidas del acuerdo de PSOE y Sumar por "amenazar el turismo alicantino"

Foto: PEPE OLIVARES
28/10/2023 - 

ALICANTE. Apha ha manifestado en un comunicado "su oposición más contundente" a algunas de las medidas contenidas en el documento España Avanza. Una coalición de gobierno progresista "por las negativas consecuencias que pueden suponer para el turismo alicantino".

El empresariado turístico de la provincia de Alicante rechaza el anuncio de restringir vuelos domésticos que tengan alternativas en ferrocarril de menos de 2,5 horas, excepción hecha de los casos de conexión con aeropuertos-hub que enlacen con rutas internacionales. Apha reclama conocer con precisión la verdadera intención y alcance de la medida para poder valorarla adecuadamente.

Luis Castillo ha querido "hacer patente su respaldo a las manifestaciones de Luis Barcala en defensa del turismo e insiste en pedir a los gobernantes respeto y apoyo para la mayor industria del país. Recién superada la mayor crisis de la historia del turismo, que dio lugar a pérdidas millonarias, vivimos el castigo de la tasa turística, que afortunadamente el actual gobierno valenciano ha desactivado. Soportamos un contexto de subidas de precios de suministros y costes -que las subidas de tarifa no llegan a compensar en su totalidad- y este verano hemos padecido los inconvenientes de las obras. Lo que el sector necesita es estabilidad, no nuevas amenazas".

Para Luis Castillo "el ferrocarril es un servicio esencial, necesario para el turismo provincial y que ofrece unas conexiones ágiles con el resto de la península. Si se quiere potenciar el uso del tren, hay muchas acciones que hemos reclamado y necesitan decisión política e inversiones que hasta ahora no han llegado. El Corredor Mediterráneo, la conexión ferroviaria entre el aeropuerto y la ciudad de Alicante o la variante de Torrellano son prioritarias. También lo es afrontar la renovación de los convoyes que unen Alicante con el centro de la península, posibilitar que los trenes con destino a Madrid tengan doble parada en Atocha y Chamartín o reforzar el mantenimiento de la línea para evitar situaciones de bloqueo como la vivida en pleno puente de octubre y que acarreó cientos de cancelaciones en los hoteles. Sin embargo, plantear una reducción de vuelos supondría un incremento de presión sobre las infraestructuras ferroviarias que no está justificado. La capacidad de las conexiones que enlazan la provincia con el resto de España por tren podría verse comprometida si tuviera que asumir los pasajeros que actualmente utilizan el avión para enlaces con el resto de España y haría retroceder la conectividad con la consiguiente pérdida de negocio y oportunidades. Muchos de los trenes circulan ya sin plazas libres. El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández cerrará el año con más de 15 millones de pasajeros y su servicio es insustituible. La necesidad de una segunda pista está sobre la mesa y está plenamente justificada por la demanda creciente de vuelos", afirman.

"Consideramos imperativo llevar a cabo estudios técnicos previos de impacto y un  proceso de diálogo con el sector antes de formular un planteamiento definitivo y no actuar guiados por impulsos ideológicos".

El otro anuncio que preocupa a la asociación es la reducción de la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial hasta situarla en 37 horas y media semanales "supone un incremento directo de costes al no tener relación alguna con la productividad. Llevar adelante esta medida daría lugar, por un lado, a una merma de competitividad empresarial y por otro, a un proceso inflacionista que compense la subida impuesta en el gasto en salarios". Por otro lado, consideran, "esta medida compromete seriamente la organización del trabajo en negocios turísticos abiertos 24 horas al día que para numerosos puestos de trabajo tienen turnos de 8 horas. APHA considera inasumible esta medida y considera que los perjuicios que conllevaría serían muy graves. Cualquier negociación que plantee la alteración de la jornada máxima de trabajo semanal debe contar con estudios de impacto previos y ser sometida de manera preceptiva al diálogo social para que los planteamientos empresariales puedan ser tomados en consideración".

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