Emilio Bascuñana, en una imagen de archivo. RAFA MOLINAORIHUELA. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido tres años de prisión, seis de inhabilitación y cinco y medio sin desempeñar su labor como sanitario en organismos dependientes de la Generalitat Valenciana para el exalcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana por un presunto delito de prevaricación y malversación continuada por haber cobrado durante más de cuatro años de la Conselleria de Sanidad sin ir a trabajar, en su etapa como facultativo. Así lo señala el diario Información. El Ministerio Público considera que no existe actividad alguna que justifique ese salario, que cobraba en su condición de facultativo entre finales de 2007 y diciembre de 2011. Anticorrupción fija en más de 140.000 euros el importe que el exalcalde de Orihuela, al que PSOE y Ciudadanos apartaron de la Alcaldía en abril de 2022 con una moción de censura, cobró durante esos más de cuatro años sin que existan pruebas de que, efectivamente, acudió a su puesto de trabajo, según el fiscal.
La Fiscalía lo acusa en calidad de cooperador necesario e inductor de los presuntos delitos de prevaricación y malversación. La Conselleria de Sanidad está personada en el caso como acusación particular, y reclama al exalcalde y actual concejal y portavoz del grupo popular que devuelva esta cantidad a las arcas públicas.
Tras la presentación del escrito de acusación, el Juzgado de Instrucción Número 1 debe concretar si procede dictar auto de apertura de juicio y emplazar a Bascuñana a presentar escrito de defensa, y, si procede, transformar las diligencias en procedimiento abreviado para remitir la causa a la Sección Séptima de la Audiencia, con sede en Elche. Será, en ese caso, cuando pueda señalarse la fecha de un hipotético juicio.
La noticia llega en plena campaña electoral y pone contra las cuerdas, una vez, al PP de Orihuela, cuyo candidato, Pepe Vegara, también está acusado por la Fiscalía Anticorrupción de un doble fraude fiscal por el que el Ministerio Público le pide siete años de prisión por defraudar a Hacienda cerca de un millón de euros a través de su empresa ITV Vega Baja. Así, la renovación que trataban de vender desde el PP queda empañada tanto por esta acusación que llega tras casi tres años de investigación, como la realizada por el Ministerio Público contra Pepe Vegara en 2021, y que se hizo pública el día en el que Vegara Presentó su lista electoral.
