ALICANTE. El Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana en Alicante (CEV) ha presentado este miércoles el estudio Impacto de los Presupuestos Generales del Estado 2022 en la provincia de Alicante. De acuerdo con las conclusiones de ambas entidades, "una vez más la provincia de Alicante se encuentra a la cola de la financiación estatal en materia de inversiones y sus ciudadanos, de confirmarse el presupuesto presentado, recibirán 176 euros menos por habitante que la media nacional. Según los autores del análisis, esta es una cifra que nos lleva a los años más duros de la anterior crisis económica, y que, considerada de forma global en el período de los últimos 15 años, implican un déficit inversor acumulado de 3.162 millones de euros, si las inversiones atendieran estrictamente al criterio poblacional, diagnóstico en el que han coincidido el presidente de INECA, Rafael Ballester, y su homólogo de CEV Alicante, Perfecto Palacio, junto al director de Estudios de Ineca y autor del informe, Francisco Llopis.
El director de Estudios de Ineca ha explicado que “este año después de la pandemia con las necesidades de recuperación socioeconómica son mayores que las inversiones de los PGE para el próximo año traigan una reducción de 115 millones respecto al proyecto de presupuestos de 2021. Somos la tercera provincia de España con mayor reducción”. A juicio de Llopis, la provincia de Alicante ocupa la posición 51 del ranking nacional en inversiones per cápita de los PGE2022 y lo preocupante es que Alicante recibe 332 millones de euros menos atendiendo al criterio poblacional.
Al respecto, el presidente de INECA ha precisado que la leve mejora que tuvimos en los presupuestos del año pasado, pasando de la posición 49 a la 46, fue un espejismo que no ha tardado en diluirse y este año hemos caído a la posición 50. El Estado sigue sin asumir el criterio poblacional provincial como una variable de justicia distributiva de las inversiones públicas, y no tenerlo en cuenta da lugar, como vemos, a una situación de infrafinanciación crónica, reconocida por todos los agentes, da igual su posición ideológica, que nos avoca, si es que no lo estamos ya, a una irrelevancia también crónica”.
Ballester ha explicado que el déficit inversor se mantiene de manera tozuda, y la mejor posición que llegamos a alcanzar en esta serie fue la 36 de 52, coincidiendo esa mejor posición en aquel momento con la llegada del AVE a la provincia que durante dos años recibimos más inversiones por población que nunca, ya que en los últimos veinte años las inversiones han sido deficitarias.
Así, el presidente de CEV Alicante, Perfecto Palacio, ha reconocido que “nos sobran los argumentos técnicos para no continuar con la infrafinanciación que sufrimos de manera crónica y creemos que se trata de un problema de representación institucional y política. La provincia de Alicante, la quinta provincia más importante de España no existe en Madrid”.
Ballester ha comentado que “es evidente, y reconocemos, que el reparto y asignación de inversiones presupuestarias es complejo, y que en algunas ocasiones la variable poblacional no es necesariamente la dominante cuando la infraestructura proyectada tiene un impacto suprarregional. El Corredor Mediterráneo es un buen ejemplo, y que llegue a Valencia pronto y en las condiciones adecuadas, será bueno para los territorios, como Alicante, más al sur. Pero también es cierto que las inversiones presupuestarias tienen, entre otras finalidades, corregir desequilibrios también regionales, y contribuir a mejorar indicadores socioeconómicos de calidad de vida, como la renta per cápita, el desempleo, riesgo de exclusión, entre otros”.
El presidente de Ineca ha insistido en que “necesitamos ayudas y estímulos, y los PGE son precisamente un mecanismo por el que el Estado muestra, en parte, su sensibilidad para corregir este tipo de situaciones. El informe que hoy presentamos muestra de forma gráfica que, en aquellos territorios mejor tratados durante los últimos 20 años en materia de inversiones, los indicadores socioeconómicos son mejores que en aquellos peor tratados. Así que alguna relación causa-consecuencia, debe haber”.
Y en el caso de la provincia de Alicante, los informes de Coyuntura de INECA evidencian que los indicadores en esta materia están crónicamente por debajo de la media nacional, y nuestra capacidad endógena para mejorarlos presenta importantes síntomas de agotamiento.
“No se trata de defender partidos, sino de defender al territorio que uno representa. Estamos siendo tratados como ciudadanos de segunda e incluso de tercera”, ha insistido Palacio en su intervención. El presidente de CEV Alicante ha afirmado que “ahora mismo la provincia de Alicante es una provincia invisible para la Administración central”. No obstante, Palacio ha deseado que “ojalá asumamos que es imprescindible aumentar nuestro peso territorial e institucional en España y en la Comunidad Valenciana porque el análisis pone de manifiesto que estos presupuestos no corrigen ni equilibran el déficit histórico de inversiones públicas que sufre la provincia de Alicante desde hace muchos años”. Palacio ha concluido que los datos de paro que hoy se han hecho públicos (desciende en España y en la Comunitat Valenciana pero sube en Alicante) vienen a refrendar que la provincia necesita más inversiones.
Mientras tanto, la sensación que desde INECA se tiene es que Alicante no tiene quien le escriba (y defienda) porque nuestros intereses y necesidades parece que no están en la agenda del Gobierno y del país”
Ballester finalizó su intervención con un dato que no debe pasar desapercibido. Se trata de la progresiva y paulatina reducción de la territorialización de gasto inversor. En el informe se que si hace unos años la inversión no territorializada apenas superaba el 20% ahora estamos en cifras por encima del 35%.
En resumen, en 2022, más de 7.360 millones de euros se quedan sin distribuir o asignar a proyectos concretos. Esto es, uno de cada 3 euros de los PGE de 2022 no está territorializado, condicionando así la eficiencia y eficacia de los sistemas de evaluación de las políticas de gasto público, y, especialmente, su seguimiento por la sociedad civil. Sociedad civil que es, no lo olvidemos, la que genera los ingresos públicos que, de esta manera, son administrados.
Todos tenemos claro que la provincia de Alicante precisa de una inversión decidida en materia ferroviaria, viaria, aeroportuaria, portuaria, de recursos hídricos, medio ambiente, etc… y la relación de necesidades es ya un dejavú cada año por estas fechas, así que parece fácil encontrar espacio para estas necesidades en la parte no territorializada del proyecto de PGE.
