BENIDORM. A finales de abril o como muy tarde en el mes de mayo. Esta es la fecha que ha dado la vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero. Este jueves ha visitado la parcela que el Ayuntamiento de Benidorm ha cedido a la administración autonómica para que se construya el edificio para vivienda de protección pública. Un bloque que tendrá que estar terminado en junio de 2026.
Así lo ha informado durante su visita junto al alcalde de Benidorm, Toni Pérez, concejales de gobierno y oposición, así como el el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luís Martínez-Sicluna, el secretario general de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Miguel Bailach, y el vicesecretario de la FVMP, Modesto Martínez. El terreno donde se proyecta este edificio está ubicado en la Calle Guatemala, en la zona de Poniente, cuenta con una superficie de unos 4.000 metros cuadrados donde se contemplan 91 viviendas.
Entre los detalles proporcionados por la Generalitat, mencionan el estudio preliminar propio que dibuja un edificio de 20 plantas de viviendas. De la planta 1 a la 11 se construirán cinco viviendas por altura y en las restantes, cuatro viviendas por planta. Las casas tendrán plaza de aparcamiento y trastero, y habrá de 1, 2 y 3 dormitorios con superficies que oscilan entre 50 y 80 metros cuadrados.
"En este primer bloque queremos que la licitación sea si no en abril, en mayo", ha dicho la consellera, quien ha explicado que tienen "la urgencia de hacerlo lo antes posible" porque está financiado por fondos europeos con los que hay que cumplir plazos. Se trata de un convenio bilateral entre el secretario autonómico de Vivienda de la Generalitat Valenciana, Sebastián Fernández, y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para transferir 29 millones de euros procedentes del Programa 6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado con Fondos NextGenerationEU. Este servirá para la construcción de 685 viviendas de protección para alquiler asequible en el conjunto de la Comunitat Valenciana. Así, la obra de Benidorm cuenta con un presupuesto de 12.036.685 euros, de los que cuatro millones de euros proceden de la subvención.
Aunque todavía está por cerrar qué condiciones se pedirán para acceder a estos alquileres en la capital turística, Camarero ha explicado que un porcentaje se reservará para jóvenes. Así, explicó que serán los alcaldes de los municipios los que transmitan qué necesidades tiene la localidad pare enfocar qué destino tendrán estos pisos. Unos mínimos que quedarán plasmados en la próxima licitación, como el salario del solicitante, "el precio por metro cuadrado y otros requisitos de construcción", según dijo.
Durante su intervención, el alcalde ha recordado que el Ayuntamiento ya ha puesto a disposición de la Conselleria el suelo para las viviendas y ha alabado "la nueva política de generación de viviendas públicas ante la inacción del anterior Consell". Pérez ha precisado que las nuevas viviendas lo serán en régimen de alquiler por concesión de uso "y al término de los 50 o 75 años, este suelo revertirá de nuevo al patrimonio de la ciudad".
Problema
"La vivienda es un derecho pero se ha convertido en un problema", ha explicado Camarero, quien ha resaltado que en los últimos años los precios se han disparado en la Comunitat Valenciana debido a la "escasez de oferta y cada vez más demanda". En este sentido, destacó que el precio de arrendamiento ha crecido un 90% mientras que el de compra-venta sube en torno al 50%. "Y ante esto, hay que dar soluciones", dijo, apuntando directamente al anterior Consell del Botànic al que acusó de no haber construido vivienda de protección pública durante sus mandatos. "Tenemos ahora el compromiso de legislatura prioritario de construir 10.000 viviendas", reseñó.
Para ello, el gobierno valenciano presentó el Plan Viu, que ha permitido desarrollar la metodología para materializar estas obras. Este cuenta con tres pilares fundamentales, según manifestó. En primer lugar, la colaboración con los ayuntamientos para la cesión de suelo y en la que participan la FEMP y la FVMP. En segundo lugar, la colaboración público-privada porque serán las empresas las que construyan estos edificios. Y por último, la normativa, ya que están ultimando el decreto de vivienda de protección pública para su modificación porque consideran que la anterior heredada del anterior gobierno es "compleja" y dificulta la construcción de estas viviendas, para lo cual, han paralizado el decreto de calidad de los edificios.
