ORIHUELA. Las consecuenccias de la gestión de las basuras de Orihuela sigue rondando por el palacio de Marqués de Arneva, sede de la administración local. Una sentencia obliga al Ayuntamiento a pagar 101.800 euros en concepto de intereses de demora por el pago tardío de facturas a la mercantil Proambiente. Esta empresa está implicada en el caso Brugal. Un proceso judicial visto para sentencia.

El 11 de marzo de este año, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Elche fijó al Ayuntamiento el pago de 101.800 euros a la mercantil Proambiente S. L. Las mercantiles Colsur, Proambiente y Orihuela UTE interpusieron recursos contenciosos administrativos en 2007 y 2017 por el pago tardío de facturas. En ese recurso solicitaban el pago de 1,2 millones de euros. Este importe se modificó a 866.000 euros pues el perito judicial en su informe indicaba que los intereses de demora debían calcularse sobre las facturas sin IVA. El 18 de marzo de 2015, el Juzgado dictaminó que el Ayuntamiento debía hacer efectivo el pago de 580.000 euros a Sirem y 100.578 a Orihuela UTE. En el primer caso, estas obligaciones se hicieron efectivas y se abonaron en dos pagos de 290.312 euros el 21 de febrero y 20 de marzo de 2018. Y en el caso de Orihuela UTE se hizo el 25 de enero de 2018. Pendiente queda el abono de 101.800 euros a Proambiente, asunto que entró el pasado martes en el orden del día de la Junta de Gobierno Local.

No es la primera vez que el actual equipo de gobierno ha de asumir las sentencias judiciales derivadas de la gestión de las basuras en los gobiernos del PP de la primera década de los 2000. En agosto, el pleno tuvo que votar el expediente de modificación de crédito para financiar con el remanente de tesorería del presupuesto de 2018 el abono de tres sentencias que ascendían a 1,9 millones de euros en favor de la mercantil ACCIONA. En 2011 la mercantil demandó al ayuntamiento por el impago de facturas. El TSJCV determinó a principios de 2019 que el Ayuntamiento debía abonar, por un lado, 1,6 millones de euros por la recogida domiciliaria de basuras, limpieza viaria y transporte al vertedero durante los meses de enero a abril de 2009. Y por otro lado, una sentencia de 312.000 euros por facturas impagadas por la prestación de servicios de limpieza viaria en pedanías, en solares y mantenimiento de vehículos propiedad municipal.