ALICANTE. El Juzgado de Instrucción Número 4 de Alicante pone el foco en la gestión del Teatro Principal de Alicante con la reapertura de una causa relacionada con la contratación del servicio de azafatas y montadores tras la admisión del recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción frente al archivo de las diligencias que el mismo órgano judicial había dictado el pasado 20 de marzo.

La reapertura de la instrucción quedó sustanciada a través de un auto dictado el pasado 12 de abril por el que se conmina a los responsables del Teatro Principal y a su actual subdirectora, María Dolores Padilla, de manera personalizada, a aportar documentación adicional relacionada con las normas que regulan el funcionamiento del teatro y con la realización de las contrataciones de esos dos servicios con empresas externas. Se trata de la petición que formula la Fiscalía en su escrito de recurso, en el que aprecia la existencia de indicios de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude en la contratación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. 

En las diligencias se apunta a la misma Padilla -exconcejal de Cultura por el PP en el último tramo del pasado mandato, desde abril de 2018 hasta mayo de 2019-, a una de las responsables de la empresa o empresas con las que se concertó esas contrataciones, Sonia Blanco Rebollo, y a un hijo de Padilla, quien -según se señala en la denuncia- fue contratado para trabajar en el teatro por parte de esas empresas.

La investigación se abrió a instancias de las denuncias presentadas por una extrabajadora de esas empresas, contratada como azafata, y por otro trabajador que actuó como montador. Además, existen otras acciones legales en trámite en la jurisdicción laboral, así como una denuncia en comisaría por un supuesto delito de acoso laboral, según han precisado fuentes jurídicas. 

En un principio, el juzgado archivó las diligencias incoadas en relación a las denuncias por infracciones penales. No obstante, la Fiscalía solicitó la continuidad de las investigaciones al considerar que de la documentación aportada en esas denuncias podían desprenderse los delitos ya mencionados en la medida en que, en base a esa información inicial, se colegiría que la contratación de esos servicios (el suministro de azafatas y de montadores de escenarios) se habría efectuado de manera directa, sin recurrir a un proceso abierto a la pública concurrencia como sería exigible para una entidad participada mayoritariamente (al 66%) por administraciones públicas (el ayuntamiento de Alicante y la Generalitat). Y que, además, desde 2005 siempre se habrían concertado con una sucesión de empresas vinculadas con Sonia Blasco Rebollo.

El recurso del fiscal se basa en las argumentaciones incorporadas en esas denuncias para señalar que "tanto las azafatas como los técnicos de montaje del teatro han sido suministrados, desde el año 2005, por diferentes mercantiles ligadas a la persona de Sonia María Blasco Rebollo". "Comenzó a través de la mercantil Sineresis sL, si bien, a partir del año 2010, esta mercantil fue absorbida por CPM Expertus, aunque Sonia Blasco era su responsable en Alicante", continúa el fiscal. Además, añade, siempre a partir de la información incorporada en la denuncia, que "en 2020 esta empresa cesa sus actividades, si bien la señora Blasco sigue prestando los mismos servicios a través de la sociedad Rol Plus Ousourcing y de Go Group SL, empresa vinculada a Rol Plus". Y, al tiempo, enumera los importes de las contrataciones, también aportados por la denunciante, que ascenderían a 192.197,85 euros en 2019, a 161.249,08 euros en 2021, y que se presupuestaron en 180.000 euros para 2022.