BENIDORM (Efe). El coordinador de Recursos Humanos durante el mandato del socialista Agustín Navarro en Benidorm, Daniel Caneiro, ha negado hoy en el juzgado que sigue el caso de las presuntas contrataciones irregulares en aquella época haber elaborado informe alguno al respecto.

Así lo han señalado a Efe fuentes cercanas al caso, que han indicado que Caneiro, investigado por un posible delito de prevaricación administrativa, ha afirmado igualmente ante el juez que su labor se limitaba a dar traslado de las órdenes que recibía.

También estaban citados a declarar hoy, aunque en calidad de testigos, la exconcejal Mariola Fluviá y el todavía edil Conrado Hernández, ambos en el gobierno de Navarro.

Las mismas fuentes han dicho que Caneiro, en su comparecencia, se ha limitado a responder a las preguntas del juez y de su defensa, mientras que se ha negado a contestar a las de los abogados de las otras partes implicadas.

En su declaración, que se ha prolongado por espacio de hora y media aproximadamente, ha incidido, siempre según las mismas fuentes, en que en aquellos años se limitaba a dar traslado a las órdenes que le llegaban.

De igual modo ha insistido en que en ningún momento firmó o elaboró informe alguno sobre contrataciones puesto que su categoría laboral lo impedía.

En el mismo sentido ha remarcado que nunca estuvo presente en las Juntas de Gobierno, dado que no era miembro de ellas, y que su trabajo en esta materia se limitaba a dar traslado de lo que se le había encomendado.

Diversos testigos habían declarado ante el juez que Caneiro era el que "hacía y deshacía" en Personal y el que trataba directamente con el entonces alcalde.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm investiga el caso tras una denuncia formulada por el Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB).

En esta causa, además de Daniel Caneiro, son investigados (antes imputados) el exalcalde socialista Agustín Navarro, el exconcejal de Personal Juan Ramón Martínez y la exjefa de Personal Carmen Navarro.

A los tres últimos se les imputan tres presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales.