ALICANTE.- Suma Gestión Tributaria ha celebrado este jueves en el MARQ la jornada “Actualidad de la tasa de residuos: experiencias y perspectivas”, con el fin de evaluar la adaptación de los municipios de la provincia de Alicante a la nueva tasa de residuos, su impacto económico y los retos de futuro. Durante la mañana se analizaron los casos de las tasas implantadas en Torrevieja, Muro y San Vicente del Raspeig, con tres modelos diferentes y con tres realidades distintas en cuanto a la configuración de su término municipal.

La implantación de la nueva tasa de residuos viene impulsada por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y responde a una exigencia de la UE y del Gobierno de España que obliga a todos los ayuntamientos a repercutir el coste real del servicio. En el caso de la provincia de Alicante, ha sido el organismo Suma quien ha liderado este proceso de transición y aplicación práctica. Por ello, en la jornada se han expuesto casos reales de municipios y se han compartido estrategias de éxito y buenas prácticas con el objetivo de unificar criterios ante los desafíos regulatorios de 2026.

“El encuentro ha servido también para presentar la segunda fase del proyecto de Suma para la adaptación a la Ley 7/22 con el fin de consolidar un marco jurídico y técnico que permita lograr el objetivo final: un sistema de pago por generación de residuo”, ha concluido.

El caso de Torrevieja, una ciudad residencial

El primer caso que se ha expuesto es el de la tasa implantada por el Ayuntamiento de Torrevieja. Ha sido explicado por la tesorera María Ángel de Jaén Beltrá y el técnico Francisco Javier García Sánchez. De Jaén ha reconocido que iniciaron el proceso sin tener mucha idea de cómo abordar la ordenanza, pero que, tras la consulta con Suma y con la realidad específica de Torrevieja, decidieron fijar la cuota siguiendo tres criterios: el coste del servicio de la recogida, que tendría un valor del 70% del recibo; un 20% por la capacidad de generar residuos teniendo en cuenta los empadronados en cada vivienda; y, finalmente, el valor económico del inmueble de acuerdo con la valoración del Catastro, que supondría el 10% del recibo.

De manera paralela, se aplicaron unos correctores dentro del mapa de zonas que estableció Suma, que era de siete zonas. Los correctores eran la estacionalidad de las personas residentes en cada vivienda y el número de contenedores en cada zona. De esta manera, se fijó el padrón de los recibos, dividido en un 85% de viviendas y el 15% restante en locales con actividad económica, a los que se aplicó, en ese caso, un aumento lineal sin ningún tipo de corrector.

Muro temía por el efecto individual

En el caso de Muro de Alcoy, el encargado de explicar la confección de la tasa de residuos fue el secretario municipal, Manuel Ignacio Alfonso Delgado. En Muro había dos zonas: casco urbano y diseminado. La gran duda que tuvo el consistorio, según Alfonso Delgado, fue la aplicación del principio de equivalencia; es decir, si era necesario o no llevar la aplicación de la tasa a los céntimos con el objetivo de cumplir la singularidad de cada recibo en función de lo que se genera y se recicla. El técnico llegó a la conclusión de que no es necesario —ni posible— individualizar el recibo, por lo que los criterios que se establecieron fueron los de cada zona diferenciada del municipio.

Los criterios de San Vicente, anulados por una formalidad

Como tercer ejemplo se expuso el caso de San Vicente del Raspeig, ciudad del área metropolitana de Alicante con 60.000 habitantes. José Augusto Martínez Giner fue el encargado de exponer su caso. San Vicente partió con un censo de un 76% de viviendas y un 24% de locales con actividad, con una tasa de residuos de 84 euros para las viviendas del casco urbano y 87 euros para las de fuera, además de una cuota reducida de 30 euros para niveles de renta bajos.

Tras la consulta con Suma, se estableció un mapa de siete zonas, del que quedó excluido el barrio de Santa Isabel por sus especiales características socioeconómicas. A partir de ahí, fijó dos criterios: el valor catastral de la vivienda representaría el 80% de la tasa y el 20% restante correspondería a la generación de residuos. Ambos componentes se aplicaron al nuevo censo, formado ahora por un 75% de viviendas y un 25% de locales, a los que también se aplicó un aumento lineal.

La tasa de San Vicente, según explicó Martínez, se tuvo que adecuar al nuevo contrato de limpieza y recogida de residuos y a las nuevas zonas. Además, incluye algunas bonificaciones en la reducción de la cuota por razones socioeconómicas y por separación de residuos, con dos subapartados: si se llevan elementos al ecoparque y por los residuos orgánicos, con un máximo de bonificación del 20%. Asimismo, a las viviendas turísticas se les ha aplicado un gravamen especial al ser consideradas actividades económicas.

Finalmente, se presentaron dos recursos contra la tasa: uno de EU-Podem, que cuestionaba la generación de los residuos, pero que los juzgados fallaron a favor del ayuntamiento; y otro del PSPV-PSOE, que cuestionaba las formas y consideraba que debía tramitarse como Prestación Patrimonial Pública No Tributaria y que faltaba el informe de género, y que sí fue anulado por los juzgados. Según explicó el asesor jurídico municipal, Armando Etayo Alcalde, se produjo una modificación de la ordenanza, que incorporó el informe de género y reforzó la argumentación con los informes pertinentes.

El trabajo previo de Suma

Tras conocer estos ejemplos, la jefa del Área de Gestión e Inspección Tributaria de Suma, Encarna Sánchez Sala, presentó la evolución del tributo entre abril de 2024 y marzo de 2026, un periodo marcado por la revisión técnica, la regularización de padrones y el incremento de la recaudación.

Según los datos expuestos, Suma atendió en 2024 un total de 115 solicitudes municipales, elaboró 74 informes técnicos y georreferenció 125 padrones de habitantes, dentro de una primera fase centrada en corregir errores de zonificación y ajustar las categorías de vía pública. Municipios como l’Alfàs del Pi, Almoradí, Crevillent, La Vila Joiosa, Callosa de Segura, Torrevieja, Pilar de la Horadada o San Vicente del Raspeig fueron objeto de una revisión detallada para garantizar la correcta asignación de cuotas.

En 2025, la entidad llevó a cabo actuaciones masivas de regularización a petición de los ayuntamientos. En Benidorm se actualizó el padrón de actividades económicas; en Torrevieja se revisaron 290 tributos de hostelería con importes medios superiores a 5.000 euros; y en varios municipios de interior y litoral se abordó la regularización de viviendas turísticas.

La aplicación de la Ley 7/2022 ha supuesto un incremento notable de la gestión delegada. Suma incorporó 22 nuevos municipios y prácticamente duplicó los cargos tramitados: de 82,2 millones en 2023 a 170 millones en 2025.

El esfuerzo técnico y administrativo se ha traducido en una mejora significativa de la recaudación voluntaria. La tasa pasó del 92,23% en 2024 al 95,62% en 2025, con 131,2 millones de euros cobrados sobre los 140,9 millones puestos al cobro.

La jornada también repasó la jurisprudencia más reciente en materia de tasas de residuos. Destacan las sentencias del TSJCV sobre San Vicente del Raspeig —una de ellas estimatoria por falta de informe de impacto de género— y la resolución del TSJ de Madrid que declara nula la Ordenanza Fiscal 8/2024 por un defecto formal. Además, se recordaron pronunciamientos del Tribunal Supremo que avalan criterios como la tarifa referenciada al consumo de agua o la tributación por tramos de superficie. Sánchez Sala cerró su intervención subrayando que la adaptación normativa, aunque compleja, ha permitido avanzar hacia un modelo más ajustado a los costes reales del servicio y más coherente con los objetivos de reducción y gestión eficiente de los residuos.

Belso plantea una nueva tasa de residuos más justa basada en el consumo real

El director del organismo, José Antonio Belso, explicó que el modelo combinará una parte fija, asociada a la disponibilidad del servicio, y otra variable, vinculada a la generación estimada de residuos. Sin embargo, advirtió de que la medición individualizada “no es una opción” en estos momentos, por lo que se recurrirá a indicadores indirectos como la superficie del inmueble, el número de habitantes o el tipo de actividad económica.

Según detalló, el nuevo esquema mantendrá su conexión con el IBI, utilizando a sus titulares como sustitutos del contribuyente para simplificar la gestión municipal. Además, incorporará variables como el valor catastral, la zonificación y la mejora en la calidad de los datos disponibles, gracias a que Suma cuenta ya con un 95% del padrón georreferenciado.

En el caso de las actividades económicas, según Belso, las tarifas se calcularán en función del tipo de actividad y de la superficie, aplicando coeficientes que permitan estimar la generación de residuos y reforzar el principio de “quien más genera, más paga”.

El modelo incluirá bonificaciones de hasta el 95% para empresas que colaboren con entidades sin ánimo de lucro, así como incentivos destinados a fomentar la reducción, la separación y el reciclaje. Belso insistió en que no existe una solución única aplicable a todos los municipios y que el marco legal sigue siendo complejo, pero defendió que la reforma supone un avance hacia un sistema más equitativo, transparente y orientado al pago por generación.