ELCHE. Hay obra pública, hay proyectos y las administraciones mantienen una importante capacidad de contratación. Sin embargo, para las empresas no siempre salen las cuentas. La inflación, la rigidez para revisar los precios, los largos plazos administrativos y la falta de mano de obra están reduciendo el atractivo de unas licitaciones en las que el margen empresarial puede rondar apenas el 3%. Es uno de los problemas que el sector privado ha puesto sobre la mesa este martes durante la primera jornada de Expourbania, la nueva Feria de Obras, Servicios y Suministros Públicos que se celebra hasta el jueves en IFA-Fira Alacant.
La paradoja la resume el presidente de la Federación de Obras Públicas de Alicante (FOPA), Javier Gisbert: “Ahora mismo hay bastante trabajo, tanto de obra pública como de obra privada”, pero las empresas tienen dificultades para “sacarle rentabilidad”. Según explica, la inflación en la construcción “está rondando los dos dígitos anuales”, mientras las compañías contratan con las administraciones a precios que quedan fijados durante proyectos que pueden extenderse durante dos, tres o cuatro años.
El problema se agrava por el tiempo que transcurre entre que una empresa estudia una licitación, presenta su oferta y finalmente se adjudica el contrato. En un escenario de costes cambiantes, nueve meses pueden convertir una oferta viable en una operación deficitaria. Gisbert añade a esta ecuación otros dos factores: la falta de mano de obra y los problemas para cumplir los plazos.
FOPA ha analizado, de hecho, los márgenes con los que trabajan las empresas en la contratación pública y los sitúa en torno al 3%. “En el momento en que tengas un imprevisto o una subida de precios elevada hace inviable los contratos”, sostiene Gisbert. El resultado, según el presidente de la patronal, ya se está trasladando a la contratación: obras que se ralentizan, licitaciones que quedan desiertas y contratos en ejecución cuya rescisión se plantea porque han dejado de ser rentables.
El tiempo administrativo frente al tiempo de las empresas
El diagnóstico se repite también fuera del ámbito estrictamente constructor. Raúl Cantero, director de Estudios y Licitaciones de Vectalia, apunta a la volatilidad de los precios como uno de los principales riesgos para las compañías que trabajan con las administraciones. Los expedientes requieren una importante carga documental y los tiempos de tramitación provocan que las condiciones técnico-económicas con las que fueron concebidos puedan estar desactualizadas cuando finalmente llega la adjudicación.
Cantero reclama por ello “mecanismos ágiles” que permitan actualizar esas condiciones sin generar un perjuicio para ninguna de las partes. La cuestión adquiere especial relevancia en sectores como el transporte público, donde al mismo tiempo se están abriendo oportunidades ligadas a las políticas de movilidad sostenible y las zonas de bajas emisiones. El aumento de la demanda obliga, además, a adaptar la oferta para evitar la saturación de los servicios.
Las empresas señalan así una diferencia entre el ritmo al que evolucionan los costes y la tecnología y el que siguen los procedimientos administrativos. En el caso de la construcción, FOPA sitúa buena parte del problema en la propia Ley de Contratos del Sector Público y, especialmente, en las restricciones para actualizar los precios.
Gisbert reclama una modificación de la normativa y recuerda que el sector lleva años trasladando esta petición al Ministerio de Hacienda. “Ya toca desde Madrid que cambie la Ley de Contratos”, afirma el presidente de FOPA, que señala además que la actual ley, de 2017, continúa funcionando con un reglamento procedente de la legislación anterior y con alrededor de 25 años de antigüedad.
Fiscalización y falta de técnicos
Las dificultades para contratar con el sector público también aparecen en los proyectos vinculados a la transición energética. Nerea López Esteve, responsable de Comunidades Energéticas y Relaciones Institucionales de Cox, considera que optar a contratos públicos “siempre es buena opción”, aunque reconoce que también resulta “tedioso” por el nivel de fiscalización y tramitación que requiere una licitación frente a una contratación privada. Pese a ello, señala que la compañía continúa concurriendo porque considera que “merece la pena” acceder a este mercado.
En este ámbito surge además otro cuello de botella: la capacidad técnica de los propios ayuntamientos. López Esteve explica que los municipios pequeños muchas veces no disponen de suficientes técnicos para desarrollar proyectos novedosos y de cierta envergadura, como las comunidades energéticas. En las grandes ciudades el problema puede ser diferente: existen esos recursos humanos, pero soportan una elevada carga de trabajo y deben atender otras prioridades.
Todo ello se produce, paradójicamente, en un momento en el que se multiplican las posibilidades de inversión municipal en transición energética, movilidad sostenible, eficiencia, agua o digitalización. Cox considera, por ejemplo, que la ampliación del radio del autoconsumo colectivo facilita el desarrollo de comunidades energéticas sobre las que articular proyectos de smart city, desde la eficiencia energética y la movilidad hasta el alumbrado público, el ciclo del agua o incluso el hidrógeno verde.
Una feria para juntar las dos partes del contrato
Ese desencuentro entre las necesidades de las administraciones y las dificultades que encuentran las empresas para convertirlas en contratos es precisamente uno de los asuntos que atraviesa la primera edición de Expourbania. La feria ha arrancado este martes con un programa en el que la contratación pública ocupa un lugar central: la primera jornada incluye una ponencia sobre inteligencia artificial aplicada a las licitaciones y una mesa organizada por FOPA bajo el título “De la licitación a la obra: cómo mejorar la contratación pública”. También aborda la gestión de la movilidad, las comunidades energéticas, el ciclo integral del agua y los espacios públicos.
La cita reúne durante tres días a más de 75 expositores en cerca de 12.000 metros cuadrados de IFA-Fira Alacant, con soluciones relacionadas con alumbrado, mobiliario urbano, residuos y limpieza, agua, parques, movilidad, seguridad vial, digitalización, eficiencia energética, instalaciones deportivas o mantenimiento urbano.
El director general de IFA-Fira Alacant, Alejandro Morant, considera que existía un “vacío” en la Comunitat Valenciana para reunir en un mismo espacio a administraciones y empresas especializadas en estos servicios. La intención es que técnicos y responsables municipales puedan conocer tanto las últimas soluciones disponibles como experiencias desarrolladas en otras localidades y estudiar su posible implantación.
La tecnología puede ser también parte de la respuesta a algunos de los problemas detectados. Morant apunta al creciente uso de la inteligencia artificial en los procesos administrativos y en la contratación pública como una vía para agilizar procedimientos.
Expourbania continuará este miércoles con mesas sobre gestión del agua, servicios urbanos, arbolado, movilidad y transformación del espacio público, mientras que el jueves abordará, entre otras cuestiones, la gestión del agua en pequeños municipios y la implantación del quinto contenedor.
El mensaje empresarial que deja su primera jornada, sin embargo, va más allá de las novedades que se exhiben en los estands: las administraciones tienen proyectos que contratar y las compañías quieren acceder a ellos, pero el sector privado reclama que los procedimientos y los precios sean capaces de adaptarse a una realidad económica que cambia mucho más rápido que los expedientes administrativos.
