L'ALFÀS DEL PI. La subasta por el hotel Sun Palace de l'Alfàs del Pi ha terminado después de varias suspensiones y reanudaciones desde julio de 2022. Así, el pasado 1 de enero de 2023 se certificó el cierre de la puja, cuya oferta mayor asciende a 12.582.963,36 euros, tal y como recoge el documento al que ha tenido acceso este diario. El Juzgado de Instancia número 4 de Benidorm sacó el alojamiento a subasta por una deuda pendiente de 7,5 millones de euros del empresario ganadero castellonense Jaime Doménech Royo, ex presidente del Benidorm CF. El fondo que la reclama es Voyager Investing UK Limited Partnership, que en 2015 compró la deuda a al Banco Sabadell. Fuentes del sector apuntan que podría ser el propio fondo quien haya presentado la única oferta registrada en plazo con el objetivo de hacerse con la propiedad del inmueble.
El hotel es uno de los más conocidos en la localidad, situado en una de las zonas más exclusivas del Albir con 216 viviendas y áreas de esparcimiento, bar al aire libre y piscina. Su valor asciende a los 14,3 millones de euros, montante al que no ha llegado la puja, cuyo autor se desconoce de momento. La oferta sigue siendo estudiada por la autoridad gestora y el alojamiento continúa funcionando como hasta ahora. Hay que tener en cuenta que aunque la propiedad tenía problemas financieros, las instalaciones han seguido abiertas y recibiendo a huéspedes cada año.
Como se decía, la subasta llegó a suspenderse hasta en tres ocasiones. Precisamente, el principal problema venía con los inquilinos. Aunque en un primer momento el Juzgado manifiesta que no existen ocupantes con derecho a permanencia, vuelve a emitir un decreto en septiembre para afirmar lo contrario ya que figura documentación que constata que hay ocupante, pero no resuelve si con derechos o no. Por ello, esperan a que se pueda dar respuesta en juicio.
Según ha podido saber este diario, la empresa que gestiona el hotel firmó un contrato de alquiler con la propiedad en enero de 2013. En el acuerdo se estipula un año de alquiler, que se prorroga año a año por un máximo de 25 años. Además, pactan que solo la arrendataria tiene el poder de rescindir el contrato, teniendo que cumplir con los plazos de comunicación estipulados.
