Así se ha pronunciado este lunes Puig en rueda de prensa al ser preguntado su valoración sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que obliga a la Generalitat a ordenar el derribo del las torres Gemelos 28 de Benidorm, en ejecución del fallo del Tribunal Supremo de 2012 por el que se declaraba ilegal su autorización, tal y como ha publicado Alicante Plaza. "Es un caso más de la ruina en diferido que ha dejado el PP, han sido 20 años de múltiples despropósitos, uno de los cuales fue la política urbanística", ha dicho, para explicar que el caso se remonta a 2005, cuando la administración autonómica autorizó esa construcción pese a estar en una zona de servidumbre y de costa.

Ha recordado que la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se mostró en contra de esta decisión, pero finalmente siguió adelante y se construyeron las torres, construcción que Greenpeace incluyó ya en un informe sobre destrucción de la costa. El TS, ha agregado Puig, declaró en 2012 ilegal esa resolución de la Generalitat y ahora se está "intentando valorar cómo se tiene que  aplicar esta sentencia", ya que supone algo "absolutamente gravoso para los ciudadanos, que van a tener que pagar el despropósito enorme con una cantidad muy alta de recursos que no podemos destinar a otras cuestiones"

"La herencia del PP no solo ha afectado a la reputación, sino también a esta serie de minar que en algún caso podemos desactivar y en otros casos va a ser difícil desactivar como este, y acabaremos pagando", ha aseverado.