BENIDORM, (EFE). El titular del juzgado de instrucción número 2 de Benidorm ha acordado prorrogar durante doce meses más la causa en la que se investigan las presuntas contrataciones irregulares en el Ayuntamiento de Benidorm durante el mandato del socialista Agustín Navarro. En el auto judicial al que ha tenido acceso Efe, el juez atiende la petición formulada por el Ministerio Fiscal, que había realizado con anterioridad, para proceder a dicha prórroga con el fin de finalizar la instrucción de las presentes actuaciones.

En esta causa, que se inició en 2013 a raíz de una denuncia en la Fiscalía por parte del Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB) en el Ayuntamiento, están siendo investigados el exalcalde Navarro, el exconcejal de Recursos Humanos Juan Ramón Martínez y la exedil de Hacienda Natalia Guijarro. A todos ellos se les imputan un presunto delito de prevaricación administrativa y otro de tráfico de influencias.

Igualmente, se investiga también al excoordinador de Recursos Humanos Daniel Caneiro y a la exjefa de Personal, Carmen Navarro, por posible prevaricación administrativa.

Los hechos denunciados están relacionados con la firma de 130 contrataciones temporales en 2010. Según el SPPLB, 43 de esos contratos habrían beneficiado a personas con vínculos familiares o políticos con el PSOE, pese a que el Gobierno central no permitía incrementar las plantillas municipales con el fin de reducir la deuda de los consistorios.

Una cifra "llamativamente alta", a juicio del fiscal, según figuraba en el escrito dirigido al juzgado en el que solicitaba la incoación de las diligencias previas.

El juzgado también investiga la concesión de complementos de productividad y beneficios a funcionarios afines entre 2009 y 2012. La suma de todo ello generó un desajuste presupuestario de unos 4,5 millones de euros en el capítulo de Personal con respecto a lo previsto en el Plan de Ajuste.

Esta causa ya fue declarada de instrucción compleja, por lo que, en un principio, la misma se amplió en 18 meses más, un plazo que finalizó el pasado mes de diciembre. La ley establece que el juez instructor puede prorrogar después por igual plazo o uno inferior a instancias del Ministerio Fiscal, como ha sido el caso.

El auto tiene fecha del 25 de abril, aunque acaba de ser notificado a las partes, por lo que la instrucción debería finalizar antes del 25 de abril de 2019. No obstante, el juez deja abierta la posibilidad de una prórroga más "por igual plazo o uno inferior a instancia del Ministerio Fiscal".