ALICANTE. El juicio por el asesinato del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, se ha comenzado a dirimir este martes, trece años después de que un tiroteo a la puerta de su domicilio acabase con su vida. En esta primera sesión, se han sentado las bases de la dicotomía que se prevé plantear a lo largo del proceso, que se sigue ante el tribunal del jurado popular. En concreto, tanto la Fiscalía como la acusación particular han tratado de apuntalar la culpabilidad de los siete procesados tras subrayar la "ambición personal" que mantendría Juan Cano, el sucesor de Ponsoda en la Alcaldía, a quien se considera cabecilla de la trama que pudo haber urdido el crimen, en un reservado del club de alterne Mesalina, de Finestrat.

Las defensas de los siete procesados, por su parte, han negado las acusaciones y han descartado su respectiva participación en el asesinato de Ponsoda tras deslegitimar la que constituye una de las piezas cruciales en las que se sustenta la investigación: la declaración de un testigo protegido, portero de varios prostíbulos de la zona de Benidorm, quien señaló a los agentes de la Guardia Civil que había recibido una oferta para matar a Ponsoda y que la rechazó. A juicio de las defensas, todo el relato de ese testigo protegido se basa en mentiras, por lo que han solicitado la libre absolución de los siete procesados y el sobreseimiento de las actuaciones al considerar que no existen evidencias que les incriminen. 

Es más, los letrados defensores han tratado de deslegitimar la supuesta motivación apuntada por las acusaciones, en alusión al interés que Cano y el empresario Salvador García Ros podrían albergar para acabar con la vida de Ponsoda. Así, sus letrados han llegado a introducir otras posibles motivaciones diferentes, relacionadas con la vida personal del alcalde, como ya recogen en sus escritos de defensa, a los que se ha dado lectura durante la sesión. En concreto, varios de los letrados defensores han subrayado que el día del asesinato, Ponsoda había acudido a la sauna Adonis de Benidorm, que había asistido a una conferencia sobre el Sida, una enfermedad de la que -según inciden las defensas- el alcalde era portador desde el año 1994, y que, además, había contraído sífilis.

Por partes. En primer término, la fiscal del caso Lourdes Giménez-Pericás, ha señalado que la investigación se sostuvo a partir de dos años de investigación policial. Así, ha insistido en que se produjo una reunión en un reservado del club de alterne Mesalina en la que Juan Cano, Salvador García Ros, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, se conjuraron para contratar a tres sicarios para que acabasen con la vida de Ponsoda. Según la representante del ministerio público, el alcalde era una persona querida en el municipio que ganaba las elecciones por mayoría absoluta. En esta línea, ha señalado que en 2003, el acusado Juan Cano fue relegado de las listas y no se sintió apoyado por Ponsoda. 

A partir de ese momento, según la fiscal, comenzaron a circular rumores sobre la homosexualidad de Ponsoda. Y ha señalado que poco antes del crimen, el propio primer edil tuvo que escuchar por boca de Cano que "no iba a llegar en el cargo hasta las Navidades de ese año" y que tenía que dimitir. Así, ha incidido en la motivación que, a su juicio, pudo originar el crimen. Así, se ha referido "al ansia de poder" de Juan Cano al que le "molestaba" Ponsoda. Así, ha destacado que, tras el fallecimiento de Ponsoda, Cano fue investido alcalde. 

La fiscal ha reconocido la inexistencia de testigos directos sobre el tiroteo, pero ha subrayado que sí se dispone de una correlación de indicios que permiten sostener la acusación frente a los siete procesados. En este sentido, también ha subrayado las contradicciones en las que han venido incurriendo los siete acusados a lo largo de toda la investigación policial y la instrucción judicial posterior. 

Por último, ha incidido en que, desde el principio, las pesquisas policiales se dirigieron frente a Cano como responsable de inducir el crimen y, por ello, se intervinieron sus comunicaciones. Fruto de esa labor policial, según la fiscal, poco a poco se pudo ir armando el puzzle que habría permitido desentrañar tanto la autoría intelectual como material del asesinato. Así, ha defendido la profesionalidad y la independencia de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que asumió la investigación. Y se ha referido al testigo protegido, para subrayar que su testimonio "es de vital importancia" en la medida en que "ha declarado que le ofrecieron" ejecutar el crimen y que "lo rechazó". La fiscal ha admitido que es cierto que "no se trata de una persona que haya tenido una trayectoria ejemplar", puesto que trabajaba como portero en locales de alterne de la zona, como en el propio Mesalina, y que se dedicaba a "cobrar deudas", pero ha defendido que ello no quita para que su testimonio no sea verdadero, como insisten en apuntar las defensas.

Además, se ha referido al argumento defendido por los letrados defensores, durante la fase de las cuestiones previas, para descartar que dicho testigo protegido haya resultado beneficiado por su declaración, ya que lo único que ha sucedido es que "se le ha aplicado la ley como a todas las personas que colaboran con la justicia". Es más, ha recalcado que "ha salido perjudicado por haber declarado, puesto que tuvo que abandonar el municipio de Benidorm y ha sufrido presiones", entre otros puntos. Así, ha solicitado un veredicto de culpabilidad para los siete acusados, para los que pide 25 años de prisión. Además, solicita otros dos años de cárcel para los tres presuntos sicarios por un delito de tenencia ilícita de armas. Por último, también pide una indemnización de 120.000 euros para cada una de las dos hijas del fallecido, así como el pago de 3.555,03 euros a la Agencia Valenciana de la Salud por los gastos de los 8 días que Ponsoda estuvo hospitalizado hasta que murió por las complicaciones del disparo recibido en la cabeza.

En segundo lugar, ha intervenido Vicente Guerri, letrado de la acusación particular, que ejerce la familia de Ponsoda. Guerri ha subrayado el relato de la Fiscalía y ha insistido en la "manía casi enfermiza" que los acusados considerados inductores del crimen, Juan Cano y Salvador García Ros, en colaboración con Pedro Hermosilla y Ariel Gatto (propietario y gerente del club de alterne) mantenían respecto al alcalde. Así, ha recalcado que "orquestaron" el asesinato tras ofrecer una cantidad económica a los tres autores materiales de los disparos.

Por parte de las defensas, el primero en intervenir ha sido el abogado José María Borja, letrado de oficio de Raúl Montero, quien ha negado la participación de su defendido en el crimen. Así, ha centrado su intervención en deslegitimar el testimonio del testigo protegido al sostener que era un delincuente habitual y un confidente de la policía al que se llegó a renunciar al considerar que mentía constantemente. En esta línea, ha apuntado que dicho testigo, declaró que le parecía haber escuchado el nombre de Raúl Montero como uno de los posibles contratados para perpetrar el crimen. Además, ha recalcado que el testigo protegido cuenta que él rechazó la oferta de perpetrar el crimen porque no le habían ofrecido lo suficiente y que, de manera sorpresiva, se le ocurrió contar a la policía dos años después del crimen lo que él sabía sobre el asesinato.

También ha remarcado que dicho testigo protegido sí obtuvo beneficios por su declaración, puesto que logró una nueva identidad, como también lo hizo su pareja, la considerada segunda testigo protegido, que finalmente no deberá declarar en el proceso. En esta línea, ha incidido en que no existen pruebas directas sobre la autoría del asesinato que puedan incriminar a Montero, sobre el que también ha apuntado que no es "un santo, sino que tiene antecedentes por penas que ya ha cumplido", pero eso "no implica que cometiese el asesinato". Así, ha recordado que el juzgado de instrucción de Villajoyosa "acordó el archivo de la causa" para Montero y los otros dos supuestos sicarios "por la falta de pruebas". Después, la acusación particular recurrió frente a esa decisión, y los tres volvieron a figurar como investigados. Y, a la postre, como acusados. Sobre las contradicciones en sus declaraciones, el letrado de Montero ha apuntado que su contenido se vio influenciado por las presiones" de la Guardia Civil y que después se retractó de ellas.