BENIDORM. El desarrollo del PAU 1 'Murtal' de Benidorm sigue rellenando capítulos de la historia urbanística de la ciudad. El Ayuntamiento ha aprobado, con el voto a favor del PP y la abstención de PSOE y Vox, archivar el procedimiento iniciado hace un año para resolver el convenio que mantiene con el agente urbanizador, Prometosa Construcciones SL, desde junio de 2006. Pero eso no conlleva una solución inmediata para que continúe la mercantil, sino que da pie a un nuevo intento por resolver el contrato de una bolsa de suelo pendiente de ejecutar y en la que se contemplan casi 3.000 viviendas.

La concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, informó durante la sesión plenaria de este lunes que en la actualidad ya existe causa objetiva para resolver el contrato con Prometosa, mencionando el incremento del 118% de las cargas de urbanización y los incumplimientos detectados en el proyecto presentado. Y en lo que ahora se ocupan es en conocer si también se da la culpabilidad de la empresa. "El sector se resolverá de acuerdo con la ley", apostilló. 

Como ya informara este diario, el Ayuntamiento solicitó dictamen al Consell Jurídic Consultiu (CJC) ante la oposición de la empresa a la resolución del acuerdo. El organismo autonómico conideró que no cabía romperlo porque, según dijo Caselles, entendía que no había incumplimiento de Prometosa y daba por presentado el proyecto refundido aunque fuera por un canal no oficial. Algo que explicó la popular, contravenía la ley actual al no haberse registrado por la sede electrónica, asegurando que sí que tenía capacidad para soportar el peso de ese archivo.

Caselles afirmó que la empresa contaba con "muchísimos incumplimientos, de hecho, ha habido muchísimos pleitos". Así, recordó que no redactó el proyecto de reparcelación, siendo el Consistorio el que terminó licitando el servicio y pagando la inscripción del mismo "porque el agente urbanizador se había opuesto", y añadió que fueron los propietarios los que han pagado la cuota cero. Con todo, especificó que en el pleno se aprobaba el archivo del procedimiento de resolución culpable que habían basado en no haber presentado en plazo el texto refundido. Ahora ya cuentan con este documento y sobre este hay un informe del área de Ingeniería que establece un sobrecoste del 118% respecto a la proposición jurídico-económica presentada cuando se adjudicó la condición de agente urbanizador a Prometosa. 

Preguntada por el portavoz adjunto del PSOE, Sergi Castillo, Caselles además se refirió al conflicto entre Prometosa y Andra Patrimonio, ya que esta segunda asegura haberle adquirido la condición de agente urbanizador a la primera. En este sentido, la concejal explicó que para hacer una cesión de este derecho, es el pleno el que tiene que aprobarlo. Y según informó, no se había producido porque "no ha habido una solicitud expresa por dicha mercantil para que se le ceda esa condición", a lo que añadió que el dictamen del Consultiu incluye una negación de Prometosa de haberla cedido. 

"Aquí esto no termina", avisa Caselles, quien continuó reseñando que hay una causa objetiva de resolución y los técnicos municipales están estudiando además si se puede determinar la culpabilidad de la empresa.

Por su parte, Castillo manifestó sus dudas con respecto al futuro del PAI y cómo había actuado el Consistorio: "Creemos que las cosas no se han hecho bien", resaltó durante su intervención. El socialista puso énfasis sobre el dictamen del CJC, del que dijo, había sido demoledor contra el Ayuntamiento, por lo que pidió responsabilidades a la edil al considerar que había sido una pérdida de tiempo este año transcurrido desde que iniciaran el procedimiento de resolución. Asimismo, se posiciónó a favor de actuar contra esta sociedad mercantil al estimar que habían incumplido con su parte.