VALÈNCIA. Finalmente, la crisis de la vivienda ha acabado estallando en protesta social en varias de las principales ciudades españolas. El malestar por el encarecimiento de los pisos y las dificultades para acceder a un inmueble han convertido la crisis residencial en uno de los principales focos de debate político y han obligado al Gobierno a redoblar sus esfuerzos por buscar una solución después de que el Congreso tumbara sus dos últimos decretos en materia de vivienda.
Han pasado ya ocho años desde que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa y, durante este tiempo, el problema del acceso a la vivienda no ha dejado de agudizarse. Durante este tiempo, el Ejecutivo ha aprobado la primera Ley Estatal de vivienda de la democracia, ha prometido 184.000 viviendas públicas de las que poco se sabe y ha anunciado una Ciudad de la Construcción en la ZAL de València cuyo desarrollo sigue pendiente. También ha transformado la Sareb en Casa 47, la nueva entidad estatal de vivienda, con el objetivo de crear un parque público permanente, y ha puesto en marcha medidas como los avales del ICO para facilitar a jóvenes y familias con menores el acceso a su primera vivienda.
El Gobierno sostiene además que ha multiplicado por ocho el presupuesto destinado a vivienda, que ha movilizado más de 120.000 viviendas de alquiler asequible y que el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 cuenta con 7.000 millones de euros. Pero, pese a este despliegue de leyes, fondos, avales y anuncios, la emergencia habitacional ha ido escalando y se ha convertido en la principal preocupación de los españoles. Una indignación que ha ido creciendo hasta culminar en protestas y acampadas en muchas plazas del país.
Ahora, con el adelanto electoral para el próximo 29 de noviembre, el todavía presidente del Gobierno apura sus últimos cartuchos en materia de vivienda con un nuevo paquete de medidas. Un movimiento que marca, en la práctica, el pistoletazo de salida de la carrera hacia las urnas. De hecho, no fue casual que fuese el propio Sánchez quien saliese a dar explicaciones ante los medios en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, un papel que habitualmente asume la portavoz del Gobierno y, cuando corresponde, el ministro responsable de la materia de la norma que se aprueba.
Sin embargo, fue el presidente quien quiso salir a defender la urgencia y dimensión social del nuevo arsenal de medidas. "No estamos hablando de una cuestión ideológica, sino de humanidad, de puro sentido común", defendió, antes de recalcar que el Gobierno de España "ni tira la toalla ni deja tirada a la gente", después de que no prosperaran los anteriores decretos. Una maniobra que ya vaticina que en la campaña electoral que se avecina la vivienda se situará en el centro de su agenda.
- Sánchez con la ministra de Vivienda, Isabel Rodriguez. -
- Foto: Alberto Ortega/EP
De hecho, llegó a admitir que estas medidas, "por sí solas, no van a resolver" el problema de la vivienda, pero las presentó como un anticipo de las políticas que pretende impulsar en el futuro. El presidente aprovechó así el anuncio para comprometerse a "continuar construyendo cientos de miles de viviendas más, en especial públicas y asequibles".
Medidas: 10.000 millones de euros de financiación para la primera compra
En concreto, el nuevo paquete de medidas incluye 21 iniciativas que el Ejecutivo tratará de sacar adelante en la Diputación Permanente, donde, a priori, cuenta con el apoyo necesario. Cabe recordar que en un principio las propuestas fueron separadas en dos textos para evitar que aquellas que generaban más reticencias pudieran poner en riesgo al resto, un movimiento que poco sirvió. En cualquier caso, el primer decreto ley, que de nuevo es el que tiene más opciones, concentra el grueso de las medidas, mientras que el segundo está centrado en la renovación automática de los contratos y tiene un escenario más complicado. De hecho, partidos como el PNV ya han avanzado su voto a favor del primero y el rechazo al segundo.
Las normas mantienen la esencia de los que decayeron en el pleno del Congreso, pero incluyen algunas novedades como una línea de financiación dotada con 10.000 millones de euros para la concesión de préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para quienes quieren adquirir su primera vivienda. Estará gestionada por el ICO y dirigida a personas y familias con ingresos pero sin ahorro suficiente para afrontar la entrada de una hipoteca. Por tanto, tendrá carácter intergeneracional, por lo que no estará limitada solo a los jóvenes.
Otra de las nuevas incorporaciones es un fondo de impacto social dotado con 400 millones de euros para impulsar la promoción de vivienda por parte de proveedores sociales, una financiación que permitirá promover miles de viviendas con impacto social y alquiler asequible. Además, se recogen 280 millones de euros en avales para fomentar la construcción industrializada de vivienda para acortar los plazos y elevar la oferta.
Asimismo, el nuevo texto endurece las condiciones para la compra especulativa de vivienda por parte de los llamados fondos 'buitre', ampliando su definición y las condiciones de las excepciones con respecto al anterior texto, que incluía la prohibición durante dos años de que los fondos de inversión compren viviendas con fines especulativos.
- Vivienda en construcción -
- Foto: EDUARDO MANZANA
También se prorrogan hasta dos años los contratos de alquiler de quienes están al corriente de pago, se limitan la subidas del alquiler y se fijan reglas sobre cuándo se terminan y en qué casos el propietario puede recuperar su casa. Ahora bien, en materia de protección de los inquilinos, se regula mejor la publicidad, promoción y oferta de los arrendamientos de vivienda, que deberá incluir el índice de referencia del precio del alquiler --en las zonas donde se aplique la ley de vivienda y las zonas tensionadas--, el límite de renta aplicable en los ámbitos sujetos a limitación legal y, cuando proceda, la condición de gran tenedor del arrendador.
Respecto a los pequeños propietarios, el marco regulatorio en materia de desahucios se mantiene respecto al texto anterior, es decir, se prohíbe para familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030, y se incorpora el pago por parte de las administraciones de las posibles costas procesales e intereses moratorios, cuando corresponda.
Por otro lado, las viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) quedarán adscritas a la empresa pública Casa 47 para que puedan ponerse a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible.
Además, tal y como se recogía en el anterior texto, se regula el alquiler de temporada y por habitaciones. También se fija un IVA del 10% para los pisos turísticos para que, como remarcó el jefe del Ejecutivo, "tributen como lo que son: un negocio".
