MADRID (EFE). El Gobierno ha acordado posponer la aprobación del real decreto ley de vivienda, que tenía previsto abordar este martes en el Consejo de Ministros, y dejarla para el mes de septiembre, ante la falta de apoyos parlamentarios para su convalidación en el Congreso, según fuentes del Ministerio de Vivienda.
Tras semanas intensas de negociación con los grupos parlamentarios para alcanzar un acuerdo "amplio" y "transversal", el Ejecutivo no cuenta con los cuatro votos imprescindibles de Podemos, que se niega a respaldar el decreto porque incluye una reforma de la ley del suelo que, a su juicio, supone incrementar los "pelotazos urbanísticos" y la "especulación".
Vivienda, no obstante, se reafirma en que es posible "sacar adelante un ambicioso paquete de medidas que dé estabilidad a quien vive de alquiler e impulse la oferta de vivienda asequible".
"La responsabilidad y generosidad de todos los grupos ha hecho que el acuerdo esté más cerca que en cualquier otro momento de la legislatura. No obstante, se ha constatado que la premura en el calendario puede ser un obstáculo para el acuerdo, dada la complejidad del texto", alegan las citadas fuentes.
Por ello, el Ejecutivo, que tenía previsto aprobar este decreto ley mañana, martes, ha decidido dar unas semanas más de margen a la negociación y priorizar en el último Consejo de Ministros del curso político la lucha contra los incendios consecuencia de la emergencia climática.
Todos representados
El borrador de decreto abarca propuestas de los distintos grupos parlamentarios: desde la prórroga de los contratos de alquiler de la que Sumar ha hecho bandera, hasta la reforma de la ley del suelo que anhelan PSOE y PNV, las bonificaciones fiscales de Junts y la suspensión de desahucios de Podemos.
El Ejecutivo ha trabajado durante semanas con la idea de armar un decreto "transversal", en el que todos los grupos se sientan representados, a cambio de que todos acepten medidas con las que no están de acuerdo, para garantizarse su convalidación en el Congreso.
Fue en junio cuando el Ministerio de Vivienda constató que los partidos del llamado 'bloque de investidura' estaban dispuestos a ceder, presionados por la calle y por sus respectivos electorados, que les exigen soluciones ante una de las peores crisis de acceso a la vivienda que ha conocido España.
El punto de inflexión lo marcó la derogación parlamentaria, el 28 de abril, del decreto que Sumar había forzado a aprobar al PSOE en el Consejo de Ministros, para prorrogar dos años más los contratos de arrendamiento que vencieran este año y topar al 2 % la actualización anual de rentas.
Sumar abre la puerta
Aquella derrota, propiciada por los votos en contra de Junts y la abstención del PNV, llevó a Sumar a renunciar a lo que hasta ese momento habían sido sus líneas rojas: las deducciones fiscales, para intentar reeditar su decreto, lo que abrió la puerta a la negociación con Junts.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quiso entonces aprovechar esa negociación para hacer la reforma profunda del mercado del alquiler que hasta entonces Junts había impedido, pero también para recuperar sus propias medidas fiscales y las modificaciones en la ley del suelo que el bloque que la izquierda no le había dejado aprobar en toda la legislatura.
El objetivo de las medidas es contener el precio de los alquileres y aumentar la oferta de vivienda asequible, con medidas como la prórroga de dos años de los contratos que venzan antes del 30 de junio de 2028, la regulación del alquiler de temporada y de habitación y beneficios fiscales a los caseros que bajen la renta.
El borrador de decreto también prevé un IVA general del 21 % para los alquileres turísticos, con el objetivo de desincentivar ese uso y empujar parte de esa oferta hacia el alquiler residencial.
Asimismo contempla, a petición de Bildu, un endurecimiento de las sanciones económicas a las plataformas que alquilen alojamientos turísticos sin licencia o número de registro, que podrían llegar al millón de euros.
