ALICANTE. El Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante (CTAA) comienza a desplegar sus planes con el fin de monitorizar el tiempo de respuesta de la administración respecto a la concesión de licencias y permisos de obra. Lo hace con el envío de cartas a todos los ayuntamientos de la provincia para solicitar información sobre el estado de las tramitaciones urbanísticas y sus plazos, en desarrollo del Plan Estratégico Municipal, impulsado por la nueva directiva del colegio con el fin de abordar problemas que afectan al ejercicio profesional, y mejorar la interlocución con las administraciones públicas, según confirman fuentes de la entidad colegial.
Ese movimiento pretende conocer la realidad de cada municipio e "identificar dónde se producen las principales dificultades" con el fin de que pueda servir como "una herramienta para buscar soluciones y negociar mejoras con las administraciones". En último término, "el objetivo es contribuir a desatascar la tramitación de las licencias urbanísticas", añaden las mismas fuentes.
Así, el presidente del CTAA, Carlos Sánchez, explica que "queremos un colegio que no se limite a escuchar los problemas de sus compañeros, sino que sea capaz de intervenir, documentar las dificultades y exigir soluciones cuando sea necesario. Defender a los arquitectos significa también defender su capacidad para desarrollar proyectos que aporten valor a la sociedad".
Ese propósito marco contemplado en el Plan Estratégico Municipal se articula mediante tres herramientas complementarias, "dirigidas a detectar incidencias, acompañar a los profesionales y promover mejoras en los procedimientos administrativos". La primera es la puesta en marcha de DenunciArq: un canal a través del cual los colegiados pueden trasladar las incidencias y dificultades que encuentran en su relación con las administraciones. "Su finalidad es que estas situaciones no queden reducidas a reclamaciones individuales y puedan analizarse para valorar posibles actuaciones institucionales", apuntan las mismas fuentes.
La segunda herramienta es el Servicio de Orientación Técnico-Normativa e Interlocución Técnico-Institucional, concebido para ofrecer apoyo ante dudas normativas e interpretaciones técnicas que, en ocasiones, se convierten en obstáculos para la tramitación de los proyectos. "El servicio busca también contribuir a una mayor claridad y seguridad jurídica en la aplicación de una normativa compleja y de unos criterios interpretativos municipales que deben hacerse públicos conforme a la legislación urbanística vigente", recalca el CTAA.
Y la tercera herramienta es el Plan de Mejora de la Tramitación Urbanística, que pretende conocer cómo funcionan los procedimientos municipales y plantear soluciones basadas en información contrastada.
Mapa de situación
En este fin encaja la campaña de envío de cartas a los ayuntamientos, después de que la directiva del CTAA haya promovido reuniones con responsables municipales de algunos de los principales municipios de Alicante -incluidos los de la ciudad de Alicante-, y de que se haya girado una encuesta dirigida a los colegiados para contrastar los datos administrativos con la experiencia de quienes tramitan expedientes a diario. "Con esta información se pretende elaborar un Mapa de Situación de la Tramitación Urbanística de la provincia de Alicante, que permita identificar diferencias entre municipios, conocer las dificultades más frecuentes y fundamentar propuestas de mejora", recalcan.
"Lo primero es saber qué está pasando realmente. Necesitamos datos objetivos y comparables. No queremos señalar a unos ayuntamientos frente a otros, sino identificar dónde están los problemas, comprender sus causas y trabajar conjuntamente para resolverlos", subraya el presidente del CTAA. Sánchez incide en que muchos arquitectos de los servicios técnicos municipales afrontan dificultades derivadas de la falta de medios, la acumulación de expedientes o la complejidad normativa. "Nuestros compañeros que trabajan en los ayuntamientos forman parte de la solución. No podemos exigir una administración más ágil sin analizar si dispone de los recursos necesarios para responder. Queremos colaborar, pero también reclamar cambios cuando los procedimientos no funcionan", añade.
Al mismo tiempo, considera necesario prestar "mayor atención a las consecuencias económicas de estos retrasos". "La lentitud administrativa tiene un coste que muchas veces no se ve. Afecta a las familias, a los pequeños promotores y a las decisiones de inversión. Es un impacto que deberíamos empezar a medir para conocer su verdadera dimensión y plantear soluciones con mayor fundamento", indica.
Sánchez insiste en que agilizar los procedimientos "no significa reducir las garantías técnicas, urbanísticas o ambientales". "Lo que defendemos es que esas garantías se apliquen mediante procedimientos claros, proporcionados y eficientes. La seguridad jurídica y la agilidad administrativa deben avanzar juntas", argumenta.
