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Orihuela licita por cerca de 21 millones el nuevo contrato de limpieza de edificios municipales y colegios

El servicio tendrá una duración de cinco años, prevé más de 135.000 horas anuales de trabajo e incluye la subrogación de cerca de 90 empleados

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 ORIHUELA. El Ayuntamiento de Orihuela ha sacado a licitación el nuevo contrato del servicio de limpieza de edificios municipales y centros educativos por un importe total de 20,7 millones de euros para los próximos cinco años, lo que supone una inversión anual superior a los 4,1 millones de euros.  

Según ha informado el consistorio, el contrato busca dotar de estabilidad a una prestación considerada esencial para el funcionamiento diario de las instalaciones públicas, al afectar tanto al mantenimiento de los inmuebles como a la calidad de los servicios que reciben los vecinos.  

El concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, ha señalado que la nueva adjudicación permitirá “regularizar la situación del servicio”, con un marco estable, garantías legales y adaptado a las necesidades actuales del municipio.  

El pliego contempla la limpieza de la práctica totalidad de edificios municipales, aunque en algunos espacios continuará siendo asumida por personal funcionario. Entre las dependencias incluidas figuran edificios administrativos, centros docentes, instalaciones deportivas y otros espacios públicos. También se prevé la limpieza de aulas, despachos, aseos, zonas comunes y zonas exteriores vinculadas a estos inmuebles.  

Además, el servicio se estructurará mediante tareas diarias, semanales y periódicas, con capacidad de respuesta ante necesidades extraordinarias o eventos puntuales, en función del uso real de cada instalación.  

En cuanto a la dimensión del contrato, el Ayuntamiento destaca que se han previsto más de 135.000 horas anuales de limpieza. Asimismo, la futura concesionaria deberá asumir la subrogación de la plantilla actual, integrada por cerca de 90 trabajadores, con posibilidad de refuerzo si fuera necesario.  

El contrato incorpora también cláusulas sociales, entre ellas la obligación de contratar a personas pertenecientes a colectivos vulnerables, además de exigencias en materia de calidad, sostenibilidad y flexibilidad para adaptarse a futuras necesidades del municipio. 

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