ORIHUELA. El Ayuntamiento de Orihuela llevará al próximo pleno municipal el inicio de un expediente para revisar y declarar nula la adjudicación del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria realizada en 2008, una decisión que podría derivar en una reclamación económica superior a los 23 millones de euros contra la antigua concesionaria.

La propuesta del equipo de gobierno se apoya en la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante dictada en el marco del caso Brugal, que concluyó que durante el proceso de licitación se produjo el uso de información privilegiada relacionada con el concurso público. Según el fallo, dicha circunstancia otorgó una ventaja competitiva indebida a la unión temporal de empresas que resultó adjudicataria del contrato.

Aunque la concesión fue rescindida en 2012 y desde entonces el servicio se presta de forma directa por parte del Ayuntamiento, el consistorio considera que todavía existen consecuencias jurídicas y económicas pendientes de resolver. Entre ellas figura un procedimiento judicial iniciado por la antigua adjudicataria, que reclama cerca de 11 millones de euros por los perjuicios derivados de la resolución anticipada del contrato.

Los servicios jurídicos municipales sostienen ahora que la sentencia penal introduce elementos suficientes para cuestionar la validez de la adjudicación original. En consecuencia, el informe que acompaña la propuesta plenaria defiende que no correspondería reconocer compensaciones económicas basadas en un contrato cuya obtención estuvo condicionada por actuaciones declaradas ilícitas por los tribunales.

Además, el Ayuntamiento ha incorporado al expediente una valoración técnica de los costes que, a su juicio, ha tenido que asumir la administración local desde la extinción de la concesión. El documento cuantifica en 23,06 millones de euros los perjuicios económicos ocasionados por la situación generada tras la adjudicación, una cifra que incluye los gastos derivados de la gestión directa del servicio y los recursos empleados para garantizar su prestación durante los últimos años.

De prosperar la revisión de oficio, el consistorio no solo rechazaría la reclamación económica planteada por la empresa, sino que ejercería acciones para reclamar la citada cantidad a la antigua concesionaria, sin perjuicio de los ajustes que puedan resultar de la liquidación definitiva del contrato.

El acuerdo que se someterá a votación contempla también la apertura de un periodo de audiencia para los interesados y la exposición pública del expediente, permitiendo la presentación de alegaciones antes de adoptar una resolución definitiva.

Un servicio pendiente de su nueva gestión

La iniciativa coincide con el proceso de transformación del modelo de gestión de residuos impulsado por el Ayuntamiento. El pleno aprobó en 2025 que el servicio pasara a ser gestionado por la empresa municipal Servicio de Gestión Medioambiental (SGM), aunque la puesta en marcha definitiva todavía no se ha materializado.

Mientras tanto, el consistorio ha venido ejecutando un plan de modernización destinado a renovar medios materiales y mejorar la operatividad del servicio. Entre las actuaciones más relevantes figura la adquisición de una nueva flota de vehículos por cerca de 3,5 millones de euros, además de la sustitución progresiva de contenedores y otras inversiones orientadas a actualizar una infraestructura que arrastraba importantes carencias desde la municipalización de las basuras en 2012.

El gobierno local prevé destinar alrededor de 20 millones de euros durante los próximos años a la modernización integral del sistema de recogida y limpieza urbana, con el objetivo de mejorar la eficiencia del servicio y responder a las demandas vecinales tras más de una década de gestión directa.