ORIHUELA. La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Orihuela continúa sin entrar en funcionamiento, pese a que los municipios de más de 50.000 habitantes estaban obligados a establecerla antes de 2023. Casi cuatro años después de aquel plazo legal, el Ayuntamiento da un nuevo paso administrativo para sacar adelante esta regulación, que todavía deberá superar distintos trámites antes de hacerse efectiva. El consistorio ha sometido ahora a exposición pública durante 30 días el proyecto, que contempla restricciones progresivas a los vehículos más contaminantes en el casco urbano y limitaciones al estacionamiento en determinadas zonas de Orihuela Costa.
La medida llega, por tanto, con años de retraso respecto al calendario establecido por la legislación estatal, aunque todavía no existe una fecha concreta para su puesta en marcha. La Concejalía de Urbanismo, dirigida por Matías Ruiz, ha abierto el periodo de alegaciones tras una resolución dictada el pasado 14 de octubre sobre el documento elaborado por la empresa Tema Ingeniería, S.L.
El proyecto distingue tres ámbitos de actuación: el casco histórico, el núcleo urbano ampliado y Orihuela Costa, con regulaciones diferentes en función de sus características. La propuesta busca reducir las emisiones contaminantes, mejorar la calidad del aire y disminuir el ruido provocado por el tráfico, aunque su aplicación efectiva dependerá de la aprobación de una ordenanza municipal que concrete las restricciones, las excepciones y el calendario.
El retraso ha llegado incluso a motivar la intervención del Defensor del Pueblo, que en noviembre de 2023 abrió actuaciones de oficio ante la falta de implantación de estas zonas en distintos municipios españoles. Orihuela figuraba entre las localidades de más de 50.000 habitantes que, según la información disponible entonces, ni siquiera habían iniciado los trámites para establecerlas.
De hecho, no fue hasta marzo de 2026 cuando el Ayuntamiento inició la consulta pública previa, después de recibir un primer documento técnico. El anuncio de ese trámite se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 20 de abril, mientras que ahora, seis meses después, se abre una nueva exposición pública, esta vez sobre el proyecto de ZBE.
Restricciones por fases y ventajas para los empadronados
El documento plantea una implantación progresiva. La primera etapa consistirá en seis meses de adaptación sin restricciones ni sanciones, destinados a informar a la ciudadanía y poner a punto los sistemas de control.
En una segunda etapa, las limitaciones afectarán a los vehículos sin etiqueta ambiental cuyos titulares no estén empadronados en Orihuela. Los titulares empadronados podrán continuar circulando independientemente del distintivo de sus vehículos, salvo por las condiciones particulares que se establezcan en el casco histórico.
La propuesta contempla una fase posterior en la que las restricciones podrían ampliarse a los vehículos con etiqueta B de titulares no empadronados y a los vehículos sin distintivo de los empadronados. No obstante, esta ampliación dependerá de una evaluación previa y contará con un año de avisos sin sanciones para los nuevos supuestos afectados.
Orihuela Costa, sin restricciones generales de circulación
El proyecto también introduce diferencias entre el centro urbano y el litoral. Mientras que en el casco histórico se plantea una regulación específica de los accesos para proteger el patrimonio y favorecer los desplazamientos peatonales, Orihuela Costa mantendrá inicialmente la libre circulación general.
En esta última zona, las medidas se centrarán en limitar el estacionamiento de los vehículos más contaminantes en determinados puntos de primera línea de playa y calles próximas a los accesos al litoral, especialmente durante los meses de mayor afluencia turística.
El documento contempla igualmente excepciones para residentes, personas con movilidad reducida, servicios esenciales, actividades comerciales y personas en situación de vulnerabilidad económica. También prevé instalar progresivamente cámaras de lectura de matrículas, paneles informativos y dispositivos de medición ambiental.
Sin fecha para su entrada en vigor
Pese al avance administrativo, el Ayuntamiento todavía no ha fijado una fecha para la entrada en funcionamiento de la ZBE. Una vez finalizados los 30 días de exposición pública, deberá estudiar las alegaciones, continuar con la aprobación del proyecto y desarrollar la ordenanza municipal que regule las condiciones de acceso y las posibles sanciones.
El concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, ha defendido que la propuesta pretende adaptarse a las particularidades del municipio. "Hemos trabajado sobre una propuesta técnica que diferencia las distintas realidades de nuestro municipio y ahora abrimos el periodo de exposición pública para que pueda ser conocida, estudiada y mejorada con las aportaciones que se presenten", ha señalado.
Ruiz también ha insistido en que este trámite no implica la aplicación inmediata de restricciones, ya que todavía queda pendiente la regulación municipal. De este modo, Orihuela afronta la recta administrativa de un proyecto que debería haberse establecido antes de 2023, pero cuya implantación efectiva sigue sin calendario definitivo.
