SAN MIGUEL DE SALINAS. La Asociación de Vecinas y Vecinos de San Miguel de Salinas ha denunciado que más de la mitad de las viviendas del municipio son segundas residencias o inmuebles destinados a la inversión, una situación que, según la entidad, contrasta con las crecientes dificultades de los jóvenes y las familias trabajadoras para acceder a una vivienda. El colectivo ha puesto el foco en esta problemática con motivo de la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre, a la que ha anunciado su apoyo y ha animado a sumarse a la población.
Bajo el lema "En San Miguel de Salinas no falta vivienda, falta vivienda para quienes vivimos aquí", la asociación sostiene que el principal problema del municipio no es la escasez de inmuebles construidos, sino la falta de viviendas asequibles destinadas a residencia habitual. Una situación que, según advierte, también afecta a los municipios del interior próximos a la costa, donde la presión del mercado turístico-residencial dificulta el acceso a la vivienda de la población local.
La entidad fundamenta sus críticas en los datos censales del municipio. Según las cifras que recoge en su comunicado, San Miguel de Salinas cuenta con 7.177 habitantes y 2.869 hogares, mientras que su parque inmobiliario asciende a 6.101 viviendas, de acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2021. De ellas, 2.869 son viviendas principales, de las cuales únicamente 462 están en régimen de alquiler, mientras que alrededor de 3.250 corresponden a segundas residencias o inmuebles de inversión.
Estas cifras suponen que en el municipio existen más de dos viviendas por cada hogar residente, una proporción que la asociación considera ilustrativa del desequilibrio entre la oferta inmobiliaria y las necesidades habitacionales de quienes viven durante todo el año en la localidad.
A esta situación se añade el desarrollo urbanístico del plan parcial SUS-A, conocido como Los Invernaderos, donde actualmente se están construyendo nuevas promociones residenciales. Según las estimaciones de la asociación, este sector, orientado al mercado turístico-residencial, podría incorporar alrededor de 3.000 nuevas viviendas al parque inmobiliario del municipio, aunque la cifra definitiva dependerá de las superficies de los inmuebles que se construyan.
El colectivo advierte de que las promociones de este ámbito se comercializan con precios que parten de los 250.000 euros por apartamento, cantidades que considera fuera del alcance de buena parte de los actuales residentes. En su opinión, el desarrollo urbanístico está dirigido fundamentalmente a compradores con mayor poder adquisitivo y no contribuye a resolver las necesidades de vivienda de los jóvenes y las familias trabajadoras del municipio.
La asociación considera que este modelo residencial tiene consecuencias directas sobre el mercado inmobiliario local, al dificultar la compra de una primera vivienda y contribuir al encarecimiento de una oferta de alquiler que califica de cada vez más escasa. Además, alerta de un proceso de gentrificación que puede desplazar a los residentes tradicionales del centro de los municipios, de forma similar a lo que ocurre en las grandes ciudades.
A juicio del colectivo, la presión inmobiliaria también repercute en el coste de la vida y en la demanda de servicios públicos, especialmente en ámbitos como la sanidad y la educación, que considera insuficientemente dotados para atender las necesidades de la población.
Ante esta situación, la asociación reclama un cambio en las prioridades de la planificación urbanística para que la construcción residencial responda a las necesidades de la población y no exclusivamente a criterios de rentabilidad económica. En este sentido, defiende que el objetivo debe ser promover "casas para vivir, no como negocio".
La entidad ha vinculado esta reivindicación con la convocatoria de huelga general del 11 de noviembre, al considerar que el acceso a la vivienda y las condiciones laborales son dos cuestiones estrechamente relacionadas. "Vivienda y salarios son la misma cuestión", sostiene la asociación, que concluye que "sin un salario decente y precios de viviendas asequibles, resulta imposible vivir con dignidad y acceder a una vivienda ni siquiera en alquiler".
Con este posicionamiento, el colectivo vecinal pretende trasladar al debate sobre la crisis de la vivienda la realidad de municipios como San Miguel de Salinas, donde el crecimiento de las promociones turístico-residenciales convive con las dificultades de acceso a una vivienda habitual para una parte de la población local.
