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La justicia archiva el 'caso Viales' de Orihuela al no apreciar indicios de delito

El Grupo Popular reclama explicaciones a Ciudadanos tras el sobreseimiento de una causa que partió de una denuncia sobre el contrato de mantenimiento viario en Orihuela Costa

  • El Ayuntamiento de Orihuela.
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ORIHUELA. El Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela ha acordado el sobreseimiento provisional del denominado 'caso Viales' al concluir que las diligencias practicadas no han acreditado la existencia de indicios de delito en relación con el contrato de mantenimiento de viales en Orihuela Costa. La resolución coincide con el criterio del Ministerio Fiscal, que también se posicionó a favor del archivo de la causa.

El procedimiento judicial se inició a raíz de una denuncia presentada por el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Orihuela, José Aix, en la que se apuntaba a posibles delitos como prevaricación administrativa, malversación o falsedad documental vinculados a la adjudicación y gestión del servicio.

Tras conocerse el archivo, el Grupo Popular ha valorado que la decisión judicial "deja sin base las acusaciones formuladas durante meses" y ha defendido que tanto el juzgado como la Fiscalía coinciden en que no existe relevancia penal en los hechos denunciados. Los populares sostienen que durante la instrucción se trasladó a la opinión pública una imagen de supuestas irregularidades que finalmente no ha sido respaldada por los tribunales.

En su comunicado, el PP también recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ya descartó incumplimientos contractuales en uno de los principales argumentos esgrimidos por Ciudadanos, relativo a la supuesta inexistencia de una nave vinculada al contrato, al considerar que la solución adoptada se ajustaba a los pliegos y contaba con validación administrativa.

Además, los populares subrayan que, de forma paralela, la única causa con recorrido judicial relacionada con este contrato es la que afecta al exconcejal de Ciudadanos Ángel Noguera, para quien se ha abierto juicio oral por un presunto delito de prevaricación vinculado a la gestión del mismo servicio.

El Grupo Popular ha reclamado explicaciones públicas a quienes impulsaron la denuncia y no descarta acciones legales por el perjuicio causado a la reputación de las personas señaladas durante la tramitación del procedimiento.

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