ROJALES. La Generalitat Valenciana ha autorizado la construcción de una planta solar fotovoltaica de 4,4 megavatios en el término municipal de Rojales, promovida por la mercantil Solar Project Levante, S.L., y ha declarado de utilidad pública su infraestructura de evacuación eléctrica, lo que permitirá, en su caso, la expropiación de los terrenos necesarios para su ejecución.

La resolución del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante otorga tanto la autorización administrativa previa como la de construcción, además de aprobar el plan de desmantelamiento y restauración del entorno afectado. La instalación, denominada “FV Casteles”, contará con una potencia instalada de 4,4 MW y módulos fotovoltaicos que alcanzan los 4,79 MWp.

El proyecto, iniciado en marzo de 2022, ha seguido el procedimiento específico para plantas renovables en suelo no urbanizable establecido por el Decreto-ley 14/2020, incluyendo fase de información pública, informes sectoriales y contestación a alegaciones. Durante su tramitación, se presentaron objeciones por parte de la asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), así como por particulares, que fueron respondidas por la administración.

Uno de los principales focos de conflicto se situó en el trazado de la línea de evacuación, especialmente en su paso por el término municipal de Algorfa, cuyo Ayuntamiento emitió un informe desfavorable al considerar inapropiada la instalación en suelo urbanizable consolidado. No obstante, la Generalitat ha continuado con la tramitación al tratarse de un informe no vinculante en este tipo de procedimientos.

En paralelo, el proyecto ha obtenido informes favorables —aunque condicionados— de distintos organismos, entre ellos la Dirección General de Medio Natural, que avaló la actuación siempre que se cumplan medidas correctoras ambientales, y los servicios de paisaje y ordenación territorial, que consideraron viable la instalación sin afección a riesgos de inundación.

También se han incorporado condicionantes técnicos derivados de otros organismos, como las exigencias de compatibilidad con infraestructuras gasistas o ferroviarias, o las medidas para evitar impactos sobre fauna y paisaje, incluyendo la integración visual de la planta y la protección de elementos del entorno.

La resolución subraya que el proyecto no requiere evaluación de impacto ambiental según la normativa vigente y que dispone de permisos de acceso y conexión a la red eléctrica para toda su potencia. Asimismo, se ha acreditado la capacidad técnica, económica y legal del promotor.

Con la declaración de utilidad pública, la infraestructura de evacuación queda habilitada para la ocupación de terrenos mediante expropiación o servidumbre de paso, al considerarse una instalación de interés general en el marco de la transición energética y la descarbonización.

La planta se tramita por procedimiento de urgencia al tratarse de un proyecto inferior a 10 MW, lo que ha permitido reducir a la mitad los plazos administrativos, en línea con las medidas autonómicas para acelerar la implantación de energías renovables.