ORIHUELA. Las AMPAS y AFAS de los centros educativos de Orihuela han salido al paso del reciente artículo de opinión del concejal de Educación, Vicente Pina, para rechazar las acusaciones de politización y denunciar la “inacción acumulada” del Ayuntamiento ante los problemas de mantenimiento que arrastran los colegios del municipio desde hace años.

En un comunicado conjunto, las asociaciones de familias subrayan que las deficiencias denunciadas no son opiniones ni ataques políticos, sino “hechos perfectamente constatables” que afectan a miles de estudiantes. Entre ellos, citan goteras, baños inutilizados, calderas averiadas, falta de suministro de gas, ascensores sin reparar y centros que carecen de la inspección eléctrica obligatoria de la OCA desde hace más de una década.

Las familias aseguran que el problema no es quién denuncia, sino la gravedad de las situaciones descritas, y recuerdan que envían a sus hijos a esos centros a diario. “Resolver ahora un problema ignorado durante tanto tiempo no es mérito político, es el cumplimiento mínimo de una obligación”, sostienen en su respuesta, en la que critican que tras siete años sin contrato de gas haya sido necesaria una denuncia pública para iniciar su regularización.

El comunicado también rechaza que se atribuya la responsabilidad a gestiones anteriores. A juicio de las AMPAS, culpar al pasado no resuelve el presente y no puede servir de excusa para mantener situaciones que siguen sin solucionarse mientras el alumnado recibe clase en instalaciones deterioradas y los equipos directivos gestionan incidencias constantes sin apoyo suficiente.

Las asociaciones recalcan que la educación pública “no es un campo de batalla política”, sino una obligación legal del Ayuntamiento, y defienden la legitimidad de la crítica como parte de la rendición de cuentas democrática. En este sentido, lamentan que muchas de las mejoras anunciadas lleguen tarde, sin calendario cerrado y como resultado de la presión de familias, docentes y oposición, en lugar de responder a una planificación previa con presupuesto y anticipación.

Por último, las AMPAS recuerdan que la responsabilidad no recae únicamente en la Concejalía de Educación, sino también en la Alcaldía, con competencias en Recursos Económicos, y en la Concejalía de Infraestructuras, a quienes reclaman un refuerzo urgente de las partidas de mantenimiento y el envío de brigadas a los centros. “Seguiremos fiscalizando, informando y reclamando lo que corresponde a nuestros hijos e hijas por derecho: una educación pública segura, mantenida y gestionada con rigor”, concluyen.