ORIHUELA. El PSOE de Orihuela ha denunciado que el Defensor del Pueblo incluirá en su informe anual a las Cortes Generales los incumplimientos del Ayuntamiento en la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), después de constatar los retrasos acumulados y la falta de cumplimiento de las recomendaciones formuladas al gobierno municipal. Los socialistas han exigido explicaciones al ejecutivo de PP y Vox, al que reprochan que haya anunciado nuevos avances administrativos sin informar de las conclusiones de esta institución.
El concejal socialista Luis Quesada ha cuestionado el reciente anuncio municipal sobre la apertura del periodo de información pública del proyecto de ZBE, al considerar que el gobierno local omite los antecedentes de una tramitación que acumula varios años de retraso. "El gobierno de PP y Vox vuelve a anunciar avances, pero no cuenta toda la historia. No explica por qué Orihuela sigue sin tener una Zona de Bajas Emisiones en funcionamiento casi cuatro años después de la fecha límite legal ni que el Defensor del Pueblo ha decidido llevar este asunto a su informe anual ante las Cortes Generales", ha señalado.
Según ha recordado el edil, la normativa establecía el 1 de enero de 2023 como fecha límite para implantar las zonas de bajas emisiones en los municipios obligados a disponer de ellas. Sin embargo, en una resolución fechada el pasado 30 de septiembre, el Defensor del Pueblo constató que Orihuela todavía no contaba con una ZBE operativa.
La situación resulta especialmente significativa, según los socialistas, porque el Ayuntamiento había comunicado previamente a esta institución que aceptaba sus recomendaciones y había presentado un calendario de actuaciones que contemplaba la aprobación definitiva de la ordenanza durante el segundo trimestre de 2026. No obstante, el Defensor del Pueblo constató que tanto el proyecto técnico como la ordenanza continuaban en fase de redacción, por lo que consideró rechazadas diez de las once recomendaciones formuladas al consistorio, de acuerdo con la información trasladada por el PSOE.
"No estamos hablando de una valoración del PSOE. Es una conclusión del Defensor del Pueblo después de examinar la información municipal. El Ayuntamiento dijo que aceptaba las recomendaciones, pero la institución constató que no se habían cumplido y ha anunciado que incluirá el caso en su informe anual a las Cortes Generales", ha insistido Quesada.
El concejal ha cuestionado que el alcalde considere suficiente anunciar un nuevo trámite administrativo sin ofrecer explicaciones sobre los incumplimientos anteriores.
Críticas a la planificación de la movilidad
Los socialistas enmarcan estos retrasos en lo que consideran una falta de planificación del gobierno municipal en materia de movilidad sostenible. En este sentido, Quesada ha recordado que su grupo ya criticó la prórroga hasta 2028 del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), así como la falta de transparencia que, a su juicio, ha caracterizado su tramitación.
"Llevamos meses advirtiendo de los retrasos en la planificación de la movilidad. El alcalde debe explicar qué estrategia comparten PP y Vox, qué prioridades están defendiendo y por qué Orihuela sigue acumulando plazos incumplidos", ha manifestado.
Pese a estas críticas, el edil ha defendido la necesidad de avanzar hacia un modelo de movilidad que contribuya a mejorar la calidad del aire y la salud pública. No obstante, ha advertido de que las restricciones de circulación deben ir acompañadas de alternativas reales de transporte, información clara y garantías para residentes, trabajadores y comerciantes, con especial atención a las particularidades de Orihuela Costa.
En esta línea, el PSOE también ha reclamado transparencia sobre las previsiones de ingresos por sanciones que se han difundido públicamente en relación con la futura Zona de Bajas Emisiones. Los socialistas exigen conocer cómo se han calculado estas estimaciones y qué medidas se pondrán en marcha para acompañar las restricciones previstas.
"No cuestionamos la necesidad de avanzar hacia una movilidad más sostenible. Lo que exigimos es planificación, transparencia y soluciones adaptadas a la realidad de nuestro municipio. Los vecinos tienen derecho a saber cómo les afectarán las medidas y qué alternativas tendrán", ha subrayado Quesada.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista ha reclamado al alcalde y al gobierno de PP y Vox un calendario realista para la implantación de la ZBE, explicaciones sobre los retrasos acumulados y garantías de que las medidas se adaptarán a las necesidades de la ciudadanía.
"Después de tantos años, Orihuela necesita algo más que anuncios. El alcalde debe asumir sus compromisos, explicar los incumplimientos y demostrar con hechos que existe una política de movilidad seria y pensada para las personas", ha concluido el concejal socialista.
