TORREVIEJA. El grupo municipal socialista de Torrevieja ha denunciado el uso sistemático, abusivo y poco transparente de los contratos menores por parte del equipo de gobierno del Partido Popular, tras presentar una moción destinada a reforzar la concurrencia, la transparencia y el control del gasto público municipal. La iniciativa, según ha informado el PSOE, ha sido rechazada por el PP mediante una enmienda a la totalidad.

La portavoz socialista, Bárbara Soler, ha advertido de la existencia de un “modus operandi perfectamente reconocible” en la contratación menor del Ayuntamiento, que se traduce, a su juicio, en adjudicaciones recurrentes a las mismas empresas, algunas de ellas con decenas de contratos acumulados, sin competencia efectiva y con importes muy próximos a los máximos que permite la ley.

Según los datos aportados por el PSOE, desde que el Partido Popular retomó el gobierno municipal en 2019 se han formalizado 774 contratos menores, una cifra que consideran desproporcionada para un municipio como Torrevieja. Soler ha subrayado que no se trata de situaciones excepcionales, sino de una práctica habitual que “desnaturaliza por completo” esta figura contractual, pensada para actuaciones puntuales y de escasa cuantía.

La portavoz socialista ha puesto el foco en las irregularidades detectadas en distintos expedientes, señalando que, para cumplir de forma meramente formal con la obligación de solicitar tres presupuestos, se recurre en ocasiones a empresas con el mismo administrador, a sociedades vinculadas entre sí o incluso a mercantiles cuyo objeto social no guarda relación alguna con el contrato, lo que, según ha indicado, impide una competencia real.

Asimismo, el PSOE ha criticado que la mayoría de los contratos menores se adjudiquen por el importe máximo permitido por la normativa, lo que, a su entender, evidencia la ausencia de una verdadera búsqueda del mejor precio y del ahorro para las arcas municipales. En este sentido, Soler ha defendido que la moción presentada pretendía facilitar la participación de más empresas y autónomos locales y favorecer adjudicaciones con presupuestos más ajustados al mercado.

Entre los ejemplos citados por el grupo socialista figuran encargos que consideran innecesarios, trabajos sobrevalorados y servicios que podrían haberse realizado con medios propios del Ayuntamiento, así como advertencias de la Asesoría Jurídica municipal sobre el uso reiterado del contrato menor y las posibles consecuencias legales derivadas de esta práctica.

La propuesta del PSOE incluía medidas ya implantadas en otros municipios, como la creación de un registro municipal de empresas por sectores, la publicidad previa de los contratos menores, una mayor planificación de las necesidades municipales y la remisión periódica de informes al Pleno. Sin embargo, el Partido Popular optó por bloquear la iniciativa con una enmienda a la totalidad.

Para Soler, esta decisión demuestra que el PP “no quiere cambiar nada porque el sistema actual beneficia siempre a los mismos”, y ha acusado al equipo de gobierno de anteponer los intereses de unos pocos al conjunto de empresarios y autónomos de la ciudad y al interés general. La portavoz ha concluido defendiendo una contratación pública “limpia, transparente y abierta”, al considerar que la transparencia no ralentiza la gestión, sino que evita la mala planificación y el uso ineficiente del dinero público.