ORIHUELA. El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Orihuela llevará al próximo Pleno una moción para instar al Consistorio a interponer un recurso contencioso-administrativo contra el Decreto 31/2026 del Consell, que aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Sierra Escalona y la Dehesa de Campoamor, al considerar que permite la instalación de plantas de tratamiento de residuos en un entorno que, precisamente, debería estar protegido.

El concejal socialista Isidro Grao ha defendido que el documento presenta una “contradicción jurídica” al establecer, por un lado, que este tipo de instalaciones deben situarse alejadas de núcleos habitados, mientras que, por otro, abre la puerta a su implantación en zonas próximas a poblaciones como Torremendo. A su juicio, esta incoherencia genera inseguridad jurídica y desvirtúa el objetivo de conservación del espacio natural.

Durante su comparecencia, Grao ha advertido de posibles vulneraciones del principio de coherencia normativa, así como de una evaluación ambiental estratégica insuficiente y la falta de un análisis adecuado de alternativas, requisitos contemplados en la normativa estatal y europea. Además, ha señalado una posible quiebra del derecho a la participación pública efectiva en la tramitación del plan.

El edil ha puesto el foco en el rechazo social que ha generado la posible ubicación de una planta de residuos en el paraje de Fuente Amarga. Según ha recordado, vecinos de Torremendo, junto a colectivos sociales y ambientales, han expresado de forma reiterada su oposición a este proyecto, al considerar que afectaría a su salud, calidad de vida y al entorno natural.

En este contexto, Grao ha criticado al Consell, al que acusa de "imponer un modelo que ignora el territorio y a sus vecinos", al tiempo que ha reconocido la necesidad de mejorar la gestión de residuos en la Vega Baja, aunque ha subrayado que “no todo vale” y que existen alternativas con menor impacto que no han sido suficientemente estudiadas.

La moción socialista contempla, entre otras medidas, el rechazo expreso a la interpretación del PORN que permite estas instalaciones en Torremendo, la interposición del recurso contencioso-administrativo contra el decreto en este punto, la exigencia al Consell de su rectificación y la adopción de una posición institucional firme en defensa de los vecinos.

Grao ha concluido que "no estamos ante un debate ideológico, sino de coherencia, legalidad y defensa del territorio", asegurando que su grupo utilizará todos los instrumentos políticos y jurídicos a su alcance para proteger Sierra Escalona y los intereses de los vecinos.