MURCIA. Varapalo al proyecto para construir un gran complejo solar entre Murcia y la Vega Baja alicantina. La iniciativa impulsada por la compañía gallega EIDF para poner en marcha el llamado 'Parque solar fotovoltaico Rojalinda' no ha obtenido la declaración de impacto ambiental (DÍA), uno de los requisitos más importantes.
La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, un órgano que depende del Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico, ha formulado una declaración desfavorable porque considera que el proyecto "previsiblemente causará impactos adversos significativos sobre el medio ambiente" y entiende además que "las medidas propuestas no presentan garantía suficiente de su adecuada prevención, corrección o compensación".
La resolución, firmada el pasado 24 de abril por la directora general Marta Gómez, aparece publicada desde hace unos días en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La decisión de la DÍA no es objeto de recurso, aunque sí se puede recurrir en vía judicial.
Casi 100 hectáreas y una línea sobre ocho municipios
El proyecto consistía en la instalación de una planta solar con una superficie de 97,58 hectáreas (equivalentes a casi 140 campos de fútbol) y una potencia prevista de 81,9 Mwp, ubicada en el término municipal de Murcia.
También estaba previsto una subestación eléctrica transformadora de 20/220 kV con una superficie de 0,15 hectáreas, así como una subestación colectora situada en Rojales, en la provincia de Alicante. Ambos centros estarían unidos por una línea aérea de alta tensión a 220 kV de unos 23,4 km de longitud que discurriría por ocho términos municipales: Murcia, Orihuela, Jacarilla, Benejúzar, Algorfa, Almoradí, Los Montesinos y la mencionada Rojales.
En el transcurso de la tramitación ambiental, el promotor ya modificó el proyecto al reducir la potencia de la planta fotovoltaica de 81,9 MWp a 77,46 MWp y y disminuyó el número de módulos fotovoltaicos de 126.000 a 119.168. También corrigió el trazado de la línea de evacuación al aumentar su longitud a 27,7 km.
Tramitación desde 2022
En septiembre del 2022, la firma EIDF, a través de su filial Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaica S.A, inició el trámite para la petición de autorización administrativa previa. El presupuesto de la inversión en ese momento ascendía a 26,3 millones de euros, como así informó este diario. Pocos meses después, en abril de 2023, el expediente llegaba a la Dirección General de Evaluación Ambiental.
En todo este tiempo, el promotor ha enviado reformulaciones de su proyecto. Evaluación Ambiental, antes de adoptar su decisión, ha analizado varios elementos, como son "el documento técnico del proyecto, el estudio de impacto ambiental, el resultado de la información pública y de las consultas efectuadas, así como la documentación complementaria aportada por el promotor y las consultas adicionales realizadas".
Varias negativas municipales
Algunos de los organismos consultados, como el Servicio Técnico de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Murcia, advirtieron de que las instalaciones "tienen una alta incidencia sobre el suelo y el paisaje", por lo que "deberían contemplar medidas correctoras para reducir los efectos desfavorables sobre el territorio". También apreciaban en la línea de evacuación una "excesiva sobreocupación del territorio".
Otros, como los ayuntamientos de Orihuela, Algorfa, Almoradí y Benejúzar, "denotan el elevado impacto paisajístico del proyecto". Ante estas observaciones, el promotor defendía "la compatibilidad del proyecto o defiende los análisis y medidas contenidos en el EsIA".
La Generalitat Valencia, a través de la Dirección General de Industria y Energia, también informó desfavorablemente sobre el proyecto, ya que se propuso "la conexión de la planta solar fotovoltaica con la subestación Rojales 220 kV, a pesar de que tan solo a 5,50 km se ubica la SET Torremendo 220/400 kV".
