ORIHUELA. La Generalitat Valenciana prevé destinar 13,71 millones de euros a la tercera fase del plan de mejora y consolidación de las infraestructuras hidráulicas de riego de la Vega Baja, una actuación que permitirá intervenir en once acequias y azarbes de la comarca para recuperar su capacidad de evacuación de agua y reforzar la protección frente a posibles inundaciones. El proyecto se encuentra actualmente en tramitación y la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca prevé formalizar su encargo a la empresa pública Tragsa antes de que finalice 2026.
Así lo ha anunciado el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, durante una reunión con la junta directiva del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y Pueblos de su Marco, en la que se han abordado tanto las nuevas inversiones previstas en las infraestructuras de regadío como las consecuencias económicas de la falta de disponibilidad de los caudales del trasvase Tajo-Segura para los agricultores alicantinos.
La tercera fase del programa tiene como principal objetivo recuperar la capacidad hidráulica de las conducciones tradicionales y facilitar la evacuación de caudales durante los episodios de lluvias intensas. De este modo, se pretende reducir el riesgo de desbordamientos y mejorar la protección de los cultivos, las infraestructuras agrícolas y los núcleos de población próximos a las redes de riego y drenaje.
Las actuaciones previstas afectarán a infraestructuras gestionadas por cinco entidades de regantes de la comarca: el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, el Sindicato General de Aguas de San Fulgencio, el Juzgado Privativo de Aguas de Callosa de Segura, la Comunidad de Regantes de Catral y el Juzgado Privativo de Aguas de Alfetami, en Almoradí.
Según ha detallado la Conselleria, el proyecto ya dispone de un informe favorable de supervisión y se encuentra pendiente de completar los trámites administrativos necesarios para formalizar el encargo a Tragsa. La inversión permitirá avanzar en la adecuación de una red de infraestructuras que, además de distribuir el agua destinada al regadío, desempeña un papel fundamental en el drenaje del territorio durante las precipitaciones intensas.
Pérdidas potenciales de 80 millones por el trasvase
Durante el encuentro, Barrachina también ha puesto el foco en las dificultades que atraviesa el sector agrícola de la provincia por la falta de disponibilidad de los recursos hídricos del trasvase Tajo-Segura. Según las estimaciones trasladadas por el conseller, esta situación podría ocasionar pérdidas económicas superiores a los 80 millones de euros y comprometer cerca de 1.750 puestos de trabajo y unos 380.000 jornales.
El responsable autonómico ha señalado que cada hectómetro cúbico de agua destinado al regadío en la provincia de Alicante genera aproximadamente cuatro millones de euros de riqueza y sostiene 86 empleos directos. En este sentido, ha advertido de que todavía permanecen pendientes de envío decenas de hectómetros cúbicos cuyos volúmenes ya habían sido autorizados por la Comisión Central de Explotación.
Barrachina ha responsabilizado de esta situación a la falta de mantenimiento y a los retrasos en las reparaciones de las infraestructuras estatales del trasvase. "La falta de celeridad y la ausencia de una planificación coordinada en el mantenimiento de una infraestructura vital para la comarca castigan directamente la rentabilidad de las explotaciones tradicionales y familiares", ha manifestado.
Asimismo, ha considerado que "no es admisible que el agua de nuestros regantes permanezca bloqueada por una falta de mantenimiento estructural mientras los plazos de reparación de los canales estatales se dilatan hasta bien entrado el próximo año".
Casi un millón de euros para la acequia de Alquibla
Tras la reunión, el conseller ha visitado la nueva estructura de paso de la acequia de Alquibla, una intervención que cuenta con una inversión de 958.348 euros y que forma parte de las actuaciones de modernización y acondicionamiento de las conducciones tradicionales de regadío de la comarca.
Los trabajos incluyen la cimentación de la estructura mediante pilotes prefabricados empotrados, la instalación de un armazón metálico diseñado para soportar los esfuerzos hidrostáticos y la construcción de un canal de hormigón armado en las zonas de transición. Según la Conselleria, la solución técnica elegida busca reducir los plazos de ejecución y minimizar las interrupciones del suministro de agua a los regantes durante las obras.
Esta intervención se integra en un proyecto más amplio de acondicionamiento y mejora de las conducciones de regadío tradicionales de San Fulgencio, Crevillent, Catral y Orihuela, que dispone de un presupuesto global de 4,7 millones de euros. El encargo para desarrollar estas actuaciones fue autorizado en diciembre de 2023.
La Generalitat destaca la importancia de estas inversiones para conservar una red histórica de riego que continúa siendo esencial para la actividad agrícola de la Vega Baja. En este contexto, el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, reconocido como tribunal consuetudinario y tradicional y declarado Bien de Interés Cultural (BIC) inmaterial, agrupa a cerca de 12.000 regantes y gestiona 6.790,93 hectáreas de cultivo.
Su ámbito de actuación comprende municipios como Orihuela, Algorfa, Benejúzar, Bigastro, Jacarilla, Rafal y Redován, entre otros. En este territorio, seis de cada diez litros de agua utilizados para el riego dependen directamente de las aportaciones del trasvase Tajo-Segura, lo que refleja la dependencia de las explotaciones agrícolas de esta infraestructura hidráulica.
