ORIHUELA. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado a sus servicios jurídicos a presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo por la "inacción" del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) a la hora de modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.
Así lo ha confirmado este martes en rueda de prensa la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que ha reconocido que pretenden "darle un empujón al Estado, que parece que todavía le falta", y ha mostrado su confianza en que se puedan tomar medidas cautelares cuando el recurso sea admitido a trámite por el Tribunal Supremo.
Gómez ha explicado que han pasado más de dos años desde el plazo que se había puesto el propio Gobierno central para modificar las reglas del trasvase, sin que el cambio se haya producido, y ha criticado los continuos "incumplimientos" como en el caso del caudal ecológico que han motivado el "hartazgo" del Gobierno de Castilla-La Mancha y han llevado a esta demanda.
Asimismo, ha argumentado que se está provocando un daño "irreparable" a cinco espacios protegidos de la Red Natura 2000, tal y como se reflejaba en una sentencia del Tribunal Supremo de 2025.
Cuando se cumplen 47 años de la puesta en marcha de esta infraestructura, Gómez ha subrayado que hasta el 29 de marzo se han derivado 15.148 hectómetros cúbicos a Levante, y que ha habido épocas en las que se ha trasvasado mientras en Castilla-La Mancha había restricciones de regadío y de desarrollos urbanísticos e industriales.
La consejera ha alertado de que mantener el nivel actual de trasvases es "insostenible", y que a este ritmo se van a trasvasar este año más de 555 hectómetros cúbicos, lo que "batiría todos los récords" desde su puesta en marcha, muy cerca del máximo permitido por ley de 600 hectómetros cúbicos y "el 73 % del agua trasvasada en los últimos años".
Gómez ha anunciado además que el 21 de abril se conocerá la sentencia del Tribunal Supremo sobre el recurso de la Diputación de Alicante, y 5 de mayo la del presentado por el Sindicato Central de Regantes (SCRATS), a cuya resolución esperaba el Gobierno para cambiar las reglas de explotación.
