CALLOSA DE SEGURA. El Ayuntamiento de Callosa de Segura prepara una modificación de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos que permitirá reducir el recibo al 86,93% de los hogares del municipio. La propuesta, que se someterá a la aprobación del pleno municipal de octubre, introduce dos nuevos criterios para calcular el importe que deberán abonar los vecinos: el número de personas empadronadas en cada vivienda y su ubicación, diferenciando entre el casco urbano y las zonas diseminadas y de huerta.
La iniciativa ha sido impulsada por el alcalde, Juan Antonio Franco (PP), quien también ostenta las competencias de Hacienda, con el objetivo de adaptar la tributación a las características de cada inmueble. De esta forma, el equipo de gobierno pretende sustituir el actual sistema por otro más individualizado, basado en el principio de que quien más contamina, más paga.
Según las estimaciones municipales, casi nueve de cada diez viviendas experimentarán una reducción en el recibo de la basura con la entrada en vigor de la nueva ordenanza. No obstante, el Ayuntamiento no ha detallado por el momento cómo quedarán distribuidas todas las tarifas en función del número de residentes ni qué incrementos podrían experimentar los hogares que no se beneficien de las rebajas.
Entre los ejemplos facilitados por el Consistorio figura el de una vivienda con una sola persona empadronada en el casco urbano, que pasará de abonar los actuales 154,32 euros a pagar 122,03 euros. Esto supone una reducción de 32,29 euros, equivalente al 20,9%.
El descenso será todavía más acusado en las viviendas situadas en las zonas diseminadas y de huerta. En estos casos, un inmueble con un único residente pasará de pagar 178,08 euros a 116,59 euros, lo que representa un ahorro anual de 61,49 euros, un 34,5% menos respecto a la tarifa actual.
Tarifas diferenciadas para la huerta y las zonas diseminadas
Una de las principales novedades de la propuesta es la incorporación de la ubicación de las viviendas como factor para determinar la cuantía de la tasa. El Ayuntamiento considera que las características de las zonas rurales del término municipal justifican un tratamiento diferenciado respecto al casco urbano.
En concreto, el gobierno local argumenta que los vecinos de la huerta y las áreas diseminadas disponen de menos facilidades para reciclar o depositar sus residuos, debido a las particularidades de estos entornos y a las diferencias en el acceso a los servicios de recogida.
Por este motivo, la nueva ordenanza contempla tarifas específicas para estas viviendas, con el propósito de ajustar el recibo a las circunstancias de sus residentes. Se trata de una reivindicación que el Partido Popular ya defendía durante su etapa en la oposición y que ahora pretende trasladar a la normativa municipal.
Una modificación tras el recurso del PP contra la anterior ordenanza
La reforma también tiene un componente político, puesto que el Partido Popular recurrió judicialmente la ordenanza aprobada durante el anterior mandato, cuando el Ayuntamiento estaba gobernado por un tripartito encabezado por la socialista Amparo Serrano.
Los populares cuestionaron entonces el sistema de tributación establecido y reclamaron la introducción de criterios que permitieran distribuir la carga económica de manera más ajustada a las circunstancias de los contribuyentes.
Ahora, desde el gobierno municipal, Franco impulsa una modificación que recoge parte de aquellas reivindicaciones, especialmente en lo relativo a la diferenciación de tarifas según las características de cada hogar y las condiciones de las viviendas ubicadas fuera del núcleo urbano.
El Ejecutivo local también destaca el carácter novedoso de la iniciativa y sostiene que Callosa de Segura podría convertirse en el primer municipio de España en utilizar el número de convivientes como criterio para determinar la tasa de recogida de residuos. Se trata, en cualquier caso, de una aspiración expresada por el Ayuntamiento que queda supeditada a la aprobación definitiva de la ordenanza.
La propuesta deberá superar primero su tramitación en el pleno municipal de octubre y, posteriormente, los procedimientos legales correspondientes antes de su entrada en vigor. El Consistorio no ha concretado todavía la fecha a partir de la cual comenzarían a aplicarse las nuevas tarifas.
