ORIHUELA. La ciudad oriolana busca formalizar un nuevo contrato para la asistencia judicial. La defensa del Ayuntamiento llevará las acciones judiciales y también deberá formular peticiones o reclamaciones administrativas, así como recursos jurisdiccionales. También tendrá que asumir la defensa del Ayuntamiento frente a las reclamaciones y recursos que se interpongan ante tribunales. La propuesta de contrato, emitido por la Secretaría General, ahonda en la necesidad de contratar de nuevo el servicio, que acaba el 31 de octubre de 2019. El Ayuntamiento de Orihuela presenta una gran litigiosidad, especialmente en lo contencioso-administrativo y, de hecho tiene pendientes, desde 2016 hasta el momento, más de 220 procedimientos en contra. Además, en este momento no hay en plantilla puestos de trabajo de letrados municipales, por eso se licita la contratación de los servicios especializados de defensa judicial.

Desde el Ayuntamiento apuntan que la necesidad es evidente, puesto que no pueden renunciar a la defensa, bien de interés público, o bien de defensa a recursos contra los actos y resoluciones municipales. Para esta labor, prefieren los servicios de un solo despacho profesional, con una o varias personas que dirijan el conjunto de la defensa del Ayuntamiento de Orihuela. Dentro de la plantilla municipal no se encuentra cubierto, ni creado en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) el puesto de Asesoría Jurídica y mientras no se cubra el puesto es preciso contar con un servicio externo. Ahora que han comprobado el crédito suficiente y adecuado, buscan crear esta contratación. El valor estimado del contrato será de 84.700 euros al año y tendrá vigencia por cuatro años con una posible prórroga de un año. El valor estimado del contrato será de 350.000 euros. 

Los procedimientos judiciales interpuestos en estos momentos contra el Ayuntamiento de Orihuela, de 2016 a 2019, suman más de 220. De 2016, quedan 49 procesos contenciosos administrativos, nueve por lo social y uno por lo penal. Asimismo, de 2017, existen 45 litigios por lo contencioso administrativo y 34 por lo social. Mientras, en 2018 se presentan 42 juicios por lo contencioso administrativo, 15 por lo social, uno penal y dos de instrucción y primera instancia. Este año, hasta finales de junio, quedan pendientes 13 litigios por lo contencioso administrativo y siete por lo social.