El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunciaba esta misma semana en Orihuela su intención de presionar a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para que ejecutara un plan, ya proyectado, de 343 millones de euros para actuaciones singulares que minimicen los efectos de una riada como la que ocurrió con la DANA de 2019. Y balbuceó que espera verlo aprobado pronto en un próximo Consejo de Ministros. Bien. La presencia de Puig, acompañado de la consellera de Innovación y Universidades, Josefina Bueno, fue como una especie de echar el resto en una comarca que desde el punto de vista electoral es históricamente adversa a los socialistas. Y, de paso, reforzar a la alcaldesa oriolana, la socialista Carolina Gracia, que accedió al puesto el pasado mes de abril tras una moción de censura apoyada por Cs (¿le montará unas primarias Antonio Zapata? No creo).
343 millones para el periodo 2002-2027: entiendo que si no ha pasado por Consejo de Ministros quiere decir que no se ha desembolsado ni un solo céntimo de euro. Ello, tras el malestar creciente de algunos alcaldes de la Vega Baja que vienen manifestado su profundo enfado contra la Confederación por la falta de celeridad en las tareas de limpieza integral de los cauces del río, incluida la desembocadura. Puig, tras explicar exhaustivamente las inversiones de la administración autonómica con el plan Ren-Hace (tropocientos millones invertidos entre 2021 y 2022), afirmó que si la CHS no actúa, lo hará la Generalitat, en plan això ho pago jo.
Proclama electoral y electorera que es lo que empieza a tocar, puesto que ya se ha dado el pistoletazo de salida para los comicios locales y autonómicos de mayo de 2023. Toca vender mercancía a toda costa y a cualquier precio. Además de que anunciar 343 millones en víspera de una posible DANA (según advierten los expertos) tiene su cosa. Aunque más cosa tiene aún que queden tramos y zonas del río sin arreglar desde el desastre de 2019. Increíble.
