Por el tiempo que debe transcurrir entre la convocatoria de unas elecciones y su celebración, puedo estar seguro ya de haber perdido mi apuesta de que habría urnas en los primeros seis meses de este 2026. De hecho, no apostaría siquiera a que las haya en el segundo semestre, y ni siquiera para el 23 de mayo de 2027, cita para municipales de la que ya se habla como superdomingo electoral si, para angustia de mucho alcalde socialista, Sánchez decide unir sus suertes en una misma jornada. Ya puestos, ni jugaría a elecciones generales en algún momento de 2027, que cosas más raras venimos viendo.
Lo que les voy a contar no debería, en teoría, ser revelado porque aparece todo en un auto judicial de una causa declarada secreta. Pero, cosas de este país, la resolución del 26 de mayo pasado, firmada por el magistrado instructor Pedraz, de la Audiencia Nacional, es hoy vox populi, y hasta ha sido literalmente publicada en algún medio, por lo que nada de lo que aquí lean es realmente algo desconocido.
Para sosiego de quienes se escandalizaron por las primeras noticias de que agentes de la UCO registraban la sede del PSOE en Ferraz este pasado miércoles en busca de pruebas de financiación ilegal, es cierto que tras lo que iban era documentación que se requirió a dicho partido sobre una causa en la que se investiga, cosa no menor que lo de financiarse irregularmente, supuestas maniobras pergeñadas para entorpecer y tumbar causas judiciales que afectan al propio PSOE, al Gobierno o a personas próximas al presidente Sánchez (si quieren nombres, los ponemos, que tampoco son tan secretos: José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García, Begoña Gómez, David Sánchez…). Y todo ello a través de fontaneros ya conocidos como Leire Díez y otros que iremos identificando conforme nos sean más familiares.
La investigación habla de intentos de sobornos a testigos y agentes de la ley y de denuncias manipuladas contra jueces y fiscales, actividades que se habrían podido financiar con dinero procedente del PSOE y a través de la logística ofrecida por la propia estructura de esa formación. Y es cierto que no se trata de un caso de financiación ilegal, como defendieron inmediatamente Ferraz, Moncloa y hasta los escaños socialistas del Congreso. Pero sí se trata de posibles delitos como organización criminal, cohecho, revelación de secretos, falsedad documental, tráfico de influencias, prevaricación y actuaciones contra las instituciones del Estado. No es financiación ilegal, no, pero tampoco algo como para presumir de cuestiones banales.
Lo más revelador del auto judicial, para los amantes del chisme, es la fecha clave de una reunión en la que el instructor sitúa el origen de la supuesta trama: el 26 de abril de 2024, un viernes y en la propia sede del PSOE. En esa reunión se habría acordado una estrategia para actuar contra investigaciones judiciales y policiales consideradas perjudiciales para el partido o el Gobierno. Y si ustedes recuerdan, en abril de 2024, entre el 25 y el 30 de abril, Sánchez se tomó cinco días tras declararse “profundamente enamorado” de su mujer, de la que se supo que estaba siendo investigada unos días antes.
Y no solo siguió Sánchez, sino que todo indica, a la vista de los antecedentes que maneja el juez ahora, que lo que hizo, supuestamente, fue ordenar, o permitir que así se hiciera, una “limpieza” (así se refleja en el auto la referencia de Leire Díez y de Javier Pérez Dolset, en una conversación con el fiscal Ignacio Stampa, grabada por este, a que “el Presidente ya dijo que se limpie todo”).
Y a partir de esa reunión tenemos desde mediados de 2024 toda una campaña orquestada desde el Gobierno y desde el PSOE para atacar a jueces, fiscales rebeldes a la orden de quien manda, e igualmente a quien ose plantarse ante los planes de Sánchez. Porque Sánchez tiene un plan: mantenerse en el poder cuanto sea posible y más allá. Ese es el propósito por encima de cualquier otra consideración, diga lo que diga la ciudadanía, por ejemplo, cuya opinión en esto parece no importar, en elecciones autonómicas como las de Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía, que han tenido un más que evidente significado plebiscitario sobre la persona del propio Sánchez. Un significado negado luego hasta la saciedad con la derivación de responsabilidades a las organizaciones autonómicas cuando se han conocido los malos resultados electorales.
Sánchez desalojó a Rajoy con una moción basada en la corrupción del PP. Ahora, sin embargo, la corrupción en el PSOE y en el entorno de Sánchez se niega con la justificación de ser todo un montaje de los jueces y la derecha. Pero los que no somos jueces ni derecha vemos y oímos. Lo que no hacemos ya, esto sí, es apostar sobre la fecha de elecciones. Por si acaso.
