VILLENA. La presidenta del Consorcio de residuos CREA acusa a Villena de “hacer mala política con los residuos” y apela al supuesto ahorro que los vecinos de nuestra comarca tendrán si asumimos casi 50.000 toneladas anuales de otros territorios. Confunde política y negocio, y se despista cuando mezcla dinero, responsabilidad medioambiental y precio en materia de gestión de residuos. No todo se compra, aunque está claro que ellos creen que todo está en venta. 

Un día de estos, la presidenta del Consorcio CREA y alcaldesa de Sax debería explicar por qué actúa a favor de otra comarca en detrimento de la suya propia. Y, sobre todo, debería aclarar su empeño en tomar decisiones contrarias a los intereses de los vecinos y vecinas de Villena, de Sax y del resto de municipios del consorcio que preside. También debería concretar a qué se refiere cuando acusa a Villena de hacer “mala política”. Como previsiblemente no lo hará —al menos hasta recibir instrucciones desde el Palau de la Presidencia—, trataré de explicarlo.

Mi ciudad y su gente asumieron, desde los años 90, la implantación de instalaciones para el vertido de residuos y una incipiente planta de tratamiento y reciclaje. Todo ello antes incluso de la primera ley estatal sobre residuos, aprobada en 1998. Desde entonces, comenzamos a prestar servicio no solo a nuestro municipio, sino a otros muchos.

A partir de 2004, el vertedero de rechazo de Villena pasó a gestionar los residuos urbanos de los municipios de nuestras comarcas, junto con el desarrollo de una planta de tratamiento en el entorno de Los Cabezos. Desde finales de 2007, esta labor se consolidó mediante la planificación comarcal, integrando el vertedero en la estrategia zonal y convirtiendo la planta en una infraestructura de referencia. Siempre con Villena como eje central, solidaria, disponible y cooperadora. Villena, que no otros, se sumó a la buena política. 

Así evolucionó el vertedero, fruto del compromiso de Villena con el consorcio, del cumplimiento de la normativa y de la asunción de una responsabilidad que nadie más quiso asumir. Hasta que, tras recibir durante años toneladas de residuos ajenos, sus instalaciones alcanzaron el límite de capacidad. Su cierre en 2024 fue, por tanto, imprescindible y supuso un hito. Como consecuencia, se ha impulsado la modernización de la planta de tratamiento con una inversión de 14 millones de euros, orientada a maximizar la recuperación de materiales reciclables y reducir al mínimo los residuos destinados a vertedero.

Villena y los pueblos asociados habíamos hecho los deberes. Todo esto durante casi cuatro décadas: cumpliendo la ley, actuando con lealtad institucional y asumiendo un papel impuesto sin consulta previa. Y, aun así, Laura Estevan nos acusa a Villena de hacer mala política. 

De las palabras de la presidenta del Consorcio CREA se desprende que la “buena política” sería la de quienes, durante estos mismos años, no hicieron nada. Y ahora, además, se pretende premiar esa inacción con una decisión perjudicial para Villena y los 14 municipios del consorcio —incluido Sax—, en beneficio de 27 municipios que continúan con un modelo de gestión de residuos propio de los años 90. Una decisión que supone renunciar a resolver el problema estructural de la Vega Baja y asumir la incapacidad de gestionar los residuos de 24 municipios, varios de ellos con alta densidad de población y crecimiento estacional.

Villena, esta vez, dice no. No es justo. Y la presidenta del Consorcio se desacredita para ocupar ese cargo sin defender la norma, el sentido común y a sus propios vecinos. Le viene grande. Su respaldo a esta propuesta evidencia una sumisión difícil de justificar.

La situación de los residuos en la Vega Baja arrastra, desde los años 90, episodios oscuros como el caso Brugal, decisiones judiciales de vertederos e instalaciones, y una clara falta de concreción y determinación política a favor de sus ciudadanos. Sus responsables políticos han permanecido pasivos, y la ciudadanía ha asumido el sobrecoste de trasladar sus residuos a otras plantas, incluso fuera de la Comunidad Valenciana.

Señora Estevan, la política que usted defiende —la de la Vega Baja— se resume en planificación tardía, gestión errática, conflictos políticos y judiciales, falta de infraestructuras propias, dependencia crónica y sobrecostes para la ciudadanía, tanto de esa comarca como de quienes reciben sus residuos. Una situación que usted pretende perpetuar desviando basura hacia Villena. Una situación que no es excepcional, ni sobrevenida, sino estructural. Y que no se solucionará con ochos años más enviado su basura a otros territorios. La Vega Baja necesita una solución, y Villena no puede ser su solución. Aquí estamos, para ayudarles, no para enterrar sus problemas.  Y ustedes qué hacen: nada. Otra vez enredados en basuras y con la basura. Enterrando los problemas como mejor ejemplo de la mala política de verdad. La peor política que se puede aplicar, la mala de verdad, es tratar de huir del problema sin afrontar su solución. Y así vamos, 40 años después.