Ciertamente, no puede en derecho exigirse de nadie que haga algo a lo que la ley no le obliga. Mucho menos, por tanto, puede reclamarse que alguien haga en el ámbito político, que no el jurídico, aquello que la ley no ordena. Y aunque algunos estemos, y así nos hayamos manifestado, absolutamente en contra de los aforamientos políticos, el de un presidente de la Diputación Provincial de Badajoz o el del Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, reconozcamos que si el privilegio existe, habrá que respetarlo mientras quien tiene la potestad de derogarlos no cambie la ley.
Esta semana el PSPV-PSOE reclamaba en Les Corts que Carlos Mazón renuncie a su aforamiento como máximo cargo ejecutivo del Consell y comparezca voluntariamente ante la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, instructora de las diligencias por las posibles responsabilidades penales de la gestión de la DANA. Una petición en forma de propuesta de resolución vetada por la Mesa del parlamento valenciano a resultas del debate de política general que se ha celebrado en la cámara legislativa autonómica.
Y lo cierto es que lo es: improcedente. Porque, efectivamente, mientras subsista el aforamiento de Carlos Mazón, el President no tiene por qué renunciar a nada. Por la sencilla razón de que la ley no le obliga a comparecer y declarar sobre los hechos investigados si no lo convoca al efecto el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, único que podría investigar y enjuiciar a alguien con su cargo. Exhortar, por tanto, a Mazón a que renuncie y cumpla voluntariamente con lo que no está obligado a hacer resulta, cuando menos, absurdo, precisamente porque si esa decisión es voluntaria, es todo menos exigible en sede parlamentaria. Salvo que se interprete como una petición de las de por favor. Y ya saben cómo andamos en la escena política con lo de hacer favores a nadie.
Pero que un político con el privilegio como el de ser aforado, como le ocurre a Mazón, no sea capaz de atisbar la ventaja comunicativa ante la ciudadanía que le supondría pisar el juzgado de Catarroja para demostrar así que no tiene nada que ocultar, o que callar, porque puede rendir perfecta cuenta de lo que hizo o dejó de hacer en el cumplimiento de sus funciones, solo puede obedecer a dos razones: la primera es que simplemente no sea capaz de darse cuenta, algo nada desdeñable vista en ciertos momentos la inteligencia con que se han producido declaraciones, desmentidos y réplicas sobre su proceder; la segunda es que efectivamente sí tuviera algo que reconocer o callar ante determinadas preguntas que en su caso pudiera dejarlo en mal lugar.
De cualquier forma, y de darse el segundo de esos supuestos, Mazón terminará contando, o callando, lo que tenga que ser ante el TSJ si el tribunal lo estima procedente a partir de la exposición motivada que la jueza de Catarroja pueda elevar en su día al TSJ. Y no parece que haya duda de que lo hará porque la magistrada cree firmemente que Mazón tiene cosas que aclarar desde su cargo como President de la Generalitat y máximo responsable de la gestión de una crisis como la de la DANA valenciana de octubre de 2024. Y es que no en vano le ha ofrecido ya varias veces de manera expresa acudir al juzgado a ser oído, sin que Mazón lo vea oportuno y dejando que sean sus subordinados no aforados los que, hoy por hoy, aguanten el chaparrón.
El tiempo y la instrucción, por tanto, simplemente darán más solidez seguramente a los indicios con los que la jueza viene armando su instrucción, y que apuntan a que Mazón deba dar alguna explicación, con todas las garantías procesales, por supuesto, aunque lo tenga que hacer al final y ante un magistrado del TSJ. Algo que el jefe del Consell quizá no ha valorado como poco positivo si se produce más cerca que lejos de unas elecciones, cuando podría perfectamente, y si tiene la razón de su lado como pregona, haberlo solventado ya en Catarroja.
La política, como la justicia, tiene sus tiempos, y en este caso la estrategia debiera haber sido demostrarnos a todos los valencianos que cuando no se tiene nada que tapar no hay aforamiento ni privilegio que valga, y que el President no es más que cualquier otro ciudadano ante las preguntas de un juez. Sobre todo si tiene que explicar su gestión.
Un servidor, personalmente, en su calidad de modesto jurista, entiende la negativa de Mazón a explicarse hoy voluntariamente. Pero entiendo muy poco, sin embargo, como simple ciudadano, que el President no dé cuentas si la jueza lo cree necesario. Y mucho menos entenderé que aguante en el tiempo todo lo posible para darlas, diga entonces, o calle, lo que sea.
