Desde el 11M, en este país cainita que es España, el relato político se antepone al drama humano cada vez que una catástrofe sacude a la sociedad. Da igual que se trate de un atentado terrorista o de un accidente ferroviario. Las víctimas y sus dolorosos testimonios ocupan el primer plano apenas unas horas. Después, con el alma todavía encogida, arranca la frenética carrera por encauzar la tragedia y todas sus derivadas al servicio de los intereses políticos particulares. El relato acaba girando en torno a la búsqueda de responsables. No para esclarecer los hechos, corregir errores y evitar que la tragedia se repita, sino para convertirla en un arma arrojadiza contra el adversario político.
En 2004, con los trenes de Atocha todavía humeantes y el país conmocionado, unos trataron de ocultar la información que podía perjudicarles políticamente, mientras otros agitaban la calle para desplazar el foco de la masacre terrorista hacia las mentiras del Gobierno. "España merece un gobierno que no mienta", dijo entonces el portavoz de la oposición. "España tiene derecho a saber qué está pasando con sus infraestructuras", ha dicho ahora el líder de la oposición a raíz del accidente de Toledo. El paralelismo habla por sí solo. El piloto automático está activado.
La tragedia que ha vuelto a sacudir España y que pone en duda la seguridad de una infraestructura básica como es el transporte ferroviario ha activado la deleznable maquinaria partidista para imponer sus propios relatos. El gobierno, que se dice defensor de los trabajadores, se ha apresurado en responsabilizar a un controlador del servicio ferroviario. Esta decisión recuerda demasiado a la atribución de culpa que otro gobierno, el valenciano allá por 2006, hizo al conductor del metro accidentado en València, fallecido en el siniestro.
A diferencia de entonces, ahora llueve sobre mojado. El de Toledo es el segundo accidente mortal que sufre el servicio ferroviario español en apenas nueve meses. Las promesas del presidente del Gobierno sobre el refuerzo de la seguridad del servicio suenan a excusa para salir del paso, a la espera de que su peculiar cohorte vuelva a concentrar sus esfuerzos en loar su figura y destacar las incomprensibles meteduras de pata de la oposición. Puede sonar frívolo, pero no menos que ver al mismísimo ministro de Transportes jactarse en televisión de las incidencias del ferrocarril hace solamente unas semanas.
La continuidad del ministro no es tolerable, ni por aptitud ni por actitud. Con un centenar de víctimas mortales a consecuencia de dos accidentes de tren casi consecutivos, España no necesita un mamporrero en las redes sociales, sino un verdadero gestor. No debería olvidarse que su antecesor en el ministerio permanece en la cárcel por malversación de fondos públicos y organización criminal. Ese es el nivel de quienes se han encargado de gestionar las infraestructuras en España durante los últimos años.
Mientras el dolor de las víctimas y de sus familias sigue siendo insoportable, los partidos ya han activado la calculadora electoral. Cada decisión parece supeditada al número de votos que puede reportar. La intensidad de la disputa irá en aumento, en proporción inversa a la atención que reciban quienes han sufrido las consecuencias de la tragedia. A la calculadora partidista se suma, como sucedió con el 11M, la urgencia del cronómetro electoral.
En este escenario preelectoral, la tragedia ha trastocado los planes del Gobierno, que confiaba en una campaña de imágenes amables para sortear el desgaste de la corrupción, la ambición personal y las carencias de gestión. Pero el verdadero drama no es el coste electoral que pueda tener el accidente, sino que las víctimas vuelvan a quedar sepultadas bajo el ruido de la disputa partidista.
Al final, los partidos impondrán sus titulares, cruzarán sus reproches y harán sus cuentas. Las víctimas, en cambio, tendrán que aprender a convivir con una ausencia irreparable. Cuando se apaguen los focos y los políticos pasen página, serán ellas quienes sigan padeciendo las consecuencias de la tragedia. Entonces quedará por responder la pregunta que hoy apenas parece importar: ¿quién se ocupará de escuchar su dolor cuando deje de dar réditos políticos?
Juan Enrique Ruiz es periodista y profesor
