Escribo habitualmente sobre fiscalidad y economía. Terreno conocido. Al entrar en inmigración uno sabe que se mete en un fregado. Es probablemente el asunto donde resulta más difícil decir algo sin que se lea de inmediato como una toma de posición partidista.
Aun así, creo que merece la pena. Precisamente porque el debate está tan polarizado que mirar los datos con cierta frialdad se ha vuelto casi un gesto de excentricidad.
La inmigración es ya el segundo problema de España, según el último barómetro del CIS. Solo la vivienda aparece por delante.
Conviene reparar en un detalle. El trabajo de campo de la encuesta se hizo pocos días después de cerrarse una regularización extraordinaria que había ocupado durante meses titulares y debate político. Esto no invalida el dato, pero obliga a interpretarlo con cuidado. La preocupación por la inmigración fluctúa mucho más que la inmigración misma.
Y hay una pregunta previa que casi nunca se hace: cuando decimos que nos preocupa la inmigración, ¿qué nos preocupa exactamente?
Porque bajo una misma palabra estamos metiendo cosas distintas: el precio de la vivienda, la delincuencia, la entrada irregular, la integración y, sobre todo, una sensación más difícil de medir, la de que el Estado no controla del todo lo que ocurre.
Separarlas ayuda.
Empecemos por la vivienda.
Más población significa más demanda y buena parte del crecimiento demográfico reciente procede de la inmigración.
Lo que no tiene sentido es dar el siguiente salto y concluir que los inmigrantes son la causa del precio de la vivienda. El problema está en el otro lado de la ecuación. Se crean muchos más hogares de las viviendas que se construyen. Cuando aumenta la población y la oferta apenas responde, los precios suben.
La inmigración importa como factor de demanda dentro de un mercado incapaz de producir vivienda al ritmo al que se forman hogares.
La seguridad es terreno más resbaladizo.
Los extranjeros están sobrerrepresentados en las estadísticas penales. No sirve negarlo.
Lo que ya no es un dato es la explicación. La nacionalidad no llega sola a una estadística penal. Llega acompañada de edad, sexo, renta, empleo, arraigo y situación administrativa. Una población extranjera más joven y masculina que la española no puede compararse limpiamente con el conjunto sin controlar esas variables.
Y aquí aparece una costumbre bastante extendida donde unos enseñan únicamente el porcentaje de extranjeros en prisión y otros intentan que ese porcentaje no exista.
Los dos procedimientos son malos.
El dato debe enseñarse y después explicarse.
La realidad tiene esa mala costumbre, no cabe entera en un eslogan.
Pero creo que la parte interesante es otra.
Probablemente buena parte de la preocupación no procede exclusivamente del número de inmigrantes, sino de la percepción de descontrol.
Hay un indicio revelador en el propio CIS. Cuando se pregunta por los problemas que afectan personalmente al encuestado, la inmigración pierde mucho peso. Preocupa mucho como problema del país y bastante menos como experiencia propia.
Unas imágenes de cientos de personas saltando una valla producen un efecto político muy distinto al de miles de trabajadores extranjeros que cotizan cada mañana y a los que nadie presta atención.
En ambos casos hablamos de inmigración.
Pero solo uno transmite que las instituciones han perdido la iniciativa.
Quizá el error de buena parte del debate español sea plantear una sola línea entre dos extremos: más inmigración o menos inmigración.
Hay al menos dos ejes.
Uno es cuánta inmigración queremos o necesitamos.
El otro es qué capacidad tiene el Estado para ordenarla.
Se puede defender una inmigración amplia y controlada. Y se puede terminar teniendo una inmigración relativamente restrictiva y completamente desordenada.
Y entonces llegó Ceuta.
A finales de julio, decenas de miles de personas entraron en la ciudad en cuestión de días, muchas bordeando a nado los espigones fronterizos. Una parte importante regresó o fue devuelta posteriormente.
Y, sin embargo, apostaría a que ningún dato de este artículo pesará tanto en el próximo barómetro del CIS como esas imágenes.
Ahí está condensado el argumento.
Un episodio que apenas altera la proporción de población extranjera residente en España puede alterar profundamente la percepción del problema.
No porque la gente sea irracional.
Porque lo que se vio en Ceuta no fue simplemente inmigración. Fue la constatación de que una frontera puede dejar de funcionar en cuestión de horas.
Las causas que se manejan son varias y ninguna explica por sí sola lo sucedido. El efecto de una reciente resolución judicial sobre las devoluciones y, sobre todo, de su interpretación simplificada al otro lado de la frontera; bulos difundidos en redes sociales; advertencias sindicales previas sobre plantillas desbordadas; y, de fondo, la discusión, que el Gobierno ha evitado afirmar públicamente y que resulta casi imposible de probar, sobre si Marruecos relajó deliberadamente sus controles.
Todas esas explicaciones tienen algo en común.
Y no es la inmigración.
Son vulnerabilidades del Estado.
Un marco jurídico sometido a tensión, un déficit de medios advertido con antelación, una dependencia estructural de la colaboración de un tercer país y una capacidad limitada para contrarrestar la desinformación.
Quien concluya de Ceuta que hay demasiados inmigrantes en España habrá extraído la lección equivocada.
Lo que Ceuta demostró es otra cosa, que nuestra frontera sur descansa sobre un equilibrio más frágil de lo que el discurso oficial admite y que ese equilibrio no está enteramente en nuestras manos.
Por eso resulta interesante mirar la regularización extraordinaria con la misma lógica.
Se puede discutir si la medida era conveniente, si sus requisitos fueron demasiado amplios o si genera incentivos para futuras entradas. Es un debate legítimo.
Pero hay otra forma de mirarla.
Durante años hemos permitido que cientos de miles de personas vivieran aquí en una especie de limbo. Estaban, trabajaban, necesitaban vivienda, utilizaban servicios y formaban parte de la economía, pero el Estado no había resuelto qué hacer con ellas.
Eso también es descontrol.
Ceuta y la regularización ocurrieron con apenas unas semanas de diferencia y se utilizan como munición de bandos opuestos.
Vistas desde esos dos ejes, sin embargo, forman parte del mismo problema por sus dos extremos: qué ocurre en la entrada y qué ocurre con quien ya está dentro.
Regularizar no significa necesariamente abrir la frontera.
Igual que controlar la frontera no significa necesariamente cerrar el país.
Son problemas diferentes.
Y quizá ahí esté la respuesta a la pregunta inicial.
Cuando los españoles dicen que les preocupa la inmigración, algunos estarán pensando en el alquiler, otros en la delincuencia y otros, sencillamente, en que hay demasiados extranjeros.
Pero sospecho que muchos están diciendo algo bastante más elemental.
Quiero saber que alguien decide quién entra, con qué condiciones, qué ocurre con quien no cumple las reglas y cómo se integra quien se queda.
No es exactamente miedo a la inmigración.
Es una demanda de Estado.
