La peatonalización del centro de Alcoy ha encallado de nuevo. Es la tercera vez que esta historia se repite en poco más de una década. El debate se eterniza y, mientras la ciudad discute cómo organizar el tránsito en la zona, deja de lado la búsqueda de soluciones para los graves problemas de toda índole que la afectan: urbanísticos, demográficos, sociales y económicos.

El PSOE de Alcoy, en la Alcaldía desde 2011, ha logrado que el debate público en torno al centro quede reducido a si deben o no circular coches por sus calles y en qué condiciones. Hasta cierto punto, hay que reconocérselo, se trata de un éxito. La efervescencia con la que partidarios y detractores se enfrentan en torno a la peatonalización desplaza a un segundo plano las carencias del barrio, pendientes de solución desde hace décadas, como sucede con buena parte de los grandes asuntos de la ciudad.

Resulta paradójico que, tratándose de un espacio plagado de solares, con escasa población y poco tejido comercial, la atención colectiva se concentre en decidir si se cierra o no al tráfico y no en diseñar una planificación exhaustiva que permita su regeneración a medio y largo plazo. Una estrategia capaz de otorgar coherencia y cohesión a todas las actuaciones, que hasta ahora han destacado por su carácter puntual y deslavazado. Todas, salvo el formidable revulsivo que ha supuesto el campus de la Universidad Politécnica de Valencia.

El centro carece de un plan integral en el que, quizá, la peatonalización fuese la guinda para culminar un barrio rehabilitado, con más residentes, actividad económica y servicios. Como se preguntaba uno de los mayores expertos en movilidad tras visitar la zona: ¿para qué sirve cerrar calles en las que vive poca gente y la oferta comercial es limitada?

El Gobierno local, sin embargo, pretende hacer creer que la peatonalización es una suerte de panacea para recuperar el centro, del mismo modo que en la primera década del siglo el PP fio su proyecto de rehabilitación a la construcción de vivienda al abrigo del boom inmobiliario. Sin duda, resulta más sencillo cortar una calle o dejarla en manos de un promotor para que haga negocio que impulsar un análisis riguroso, contando con los mejores especialistas y con la implicación de administraciones superiores, con el objetivo de diseñar una planificación que resuelva problemas y ofrezca oportunidades de futuro.

En este contexto, conviene no olvidar las ocurrencias que han precedido a la peatonalización como supuesto salvavidas del centro. Una de las grandes iniciativas del PSOE fue plantar una casa de madera en la plaza de España y organizar un Gran Hermano con la intención de atraer población. A alguien le pareció una buena idea levantar un decorado en lugar de afrontar la realidad y plantar cara a la multitud de problemas que confluyen en el barrio.

Tampoco es desdeñable el hecho de que el segundo intento de peatonalizar el centro se lanzara a raíz de los trágicos acontecimientos de enero de 2020. Poco antes de la pandemia, un fuerte temporal provocó la caída de nueve edificios, cobrándose una víctima mortal. Aquellos sucesos pusieron de manifiesto, una vez más, el precario estado del barrio. La ciudad, durante unos días, abrió los ojos, se miró al espejo y constató que lo que veía no le gustaba. La indignación social se disparó al calor de una pregunta: ¿cómo hemos consentido llegar a este grado de degradación en un barrio declarado conjunto histórico-artístico? La respuesta del Gobierno fue acelerar el proceso de peatonalización.

Desde esta perspectiva, no es descartable que, con la excusa de falta de consenso político, el PSOE haya paralizado ahora la aprobación de la nueva ordenanza para prolongar el debate y seguir ocultando que el Ejecutivo local —como la ciudad en su conjunto— no sabe qué hacer con el centro. O, lo que es peor, sabe que son tantas las necesidades y tan compleja su ejecución que opta por la vía fácil: una medida relativamente sencilla de aplicar y que, además, genera una intensa polémica que distrae de problemas de mayor calado.

Este nuevo freno es el tercero que bloquea la peatonalización. Los dos intentos anteriores fueron anulados por la justicia mediante sendas sentencias dictadas en 2014 y 2023, en ambos casos por defectos en la tramitación. En cualquier otra ciudad, la doble anulación judicial de una norma municipal sería motivo más que suficiente para una dimisión. En Alcoy, sin embargo, no parece ser así. Las mismas personas siguen alegremente al frente de nuevas versiones de un proyecto que, invariablemente, se queda en el intento.

En definitiva, el caso de la peatonalización constituye un ejemplo revelador de una práctica tristemente habitual en Alcoy: dilatar debates estériles para evitar afrontar los problemas reales, que con el paso del tiempo no hacen sino aumentar su complejidad y, por tanto, también la dificultad de ofrecerles una solución.

Juan Enrique Ruiz es periodista y profesor de Historia.