Las cifras son terribles. De este accidente, y del anterior. Adamuz tuvo que ver con un problema de mantenimiento de la vía, pero este accidente es, mucho más nítidamente, consecuencia de una gestión negligente e irresponsable de una situación de emergencia. Fue horroroso, y podría haber sido peor si el maquinista de un tercer tren Iryo hubiera seguido las instrucciones de transitar con normalidad (si lo hubiera hecho, en lugar de circular a menos de 40 kilómetros por hora, probablemente se habría estrellado con los dos trenes accidentados).
El Gobierno, y en particular el ministro de Transportes, Óscar Puente, por ahora se han centrado en culpabilizar a los trabajadores del centro de control de ADIF. Y no lo han hecho solamente con declaraciones, sino con una lamentable filtración de los audios del centro de control (que esclarece el caos que había allí y cómo pudo pasar lo que pasó, pero también deja claro que el Gobierno no va a tener ningún escrúpulo en buscar otro “maquinista de Angrois” al que tratar de colgarle todas las culpas, y más en precampaña electoral). Estos trabajadores, obviamente, tomaron decisiones funestas e incomprensibles. Pero el ministro y el Gobierno no pueden hacer como si la cosa no fuera con ellos. Bueno, por poder pueden intentarlo, pero no les saldrá bien.

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- Foto: EDUARDO PARRA / EP
El Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado reivindicar siempre su fortaleza frente a una supuesta adversidad especialmente marcada en los tiempos que le ha tocado vivir: la pandemia, la guerra de Ucrania, la Dana, el volcán, … Lo comentan como diciendo que menos mal que están ellos, excelentes gestores, para afrontar tantos problemas. ¡Imaginad si estuviera Alberto Núñez Feijóo, ese incompetente! Pero lo cierto es que, a la espera de ver si efectivamente el Gobierno de PP y Vox está formado por incompetentes (no nos engañemos: será lo más probable, viendo cómo gestionan las cosas estos partidos donde ya mandan, como en nuestra sufrida Comunitat Valenciana), es indudable que el Gobierno de Pedro Sánchez no sólo no gestiona bien los asuntos públicos (por algún motivo piensan que el desastre de gestión de la pandemia, por poner un ejemplo relativamente remoto, es motivo de orgullo), sino que resulta manifiesto que gestionar es para ellos un aspecto secundario detrás de la obsesión por marcar por el “relato” político y dirimir quién tiene la culpa de los desastres que suceden, en lugar de preocuparse por mitigar o evitar los desastres en sí.
Es lo que sucedió en la Dana de 2024 en Valencia, en el accidente de Adamuz de este mismo año, y lo que está pasando también ahora: sucede algo y el Gobierno de preocupa de no acarrear con la responsabilidad de lo sucedido, descargando las culpas sobre administraciones gestionadas por otros partidos, empresas que han ganado licitaciones por decisión del Gobierno, o empleados que trabajan en empresas públicas gestionadas por directivos nombrados a dedo por Óscar Puente.
Ahí estamos ahora: han muerto -al menos- 69 personas y comenzamos a ver quiénes estaban en la cúpula directiva de Adif, todos ellos nombrados por Puente, y la mayoría por su vinculación con el PSOE o con el propio Puente, sin relación alguna con la gestión ferroviaria. Porque las empresas públicas son una ocasión única para colocar a gente de manera más opaca que en la Administración Pública (y con más recursos), así que por qué van a desaprovechar la ocasión. Luego tenemos dos accidentes gravísimos en un año (algo, conviene recordar, que no tiene parangón con ningún otro país que disponga de una red de alta velocidad, ni con la propia red española en sus primeros veinte años de andadura, anteriores al accidente de Angrois de 2013), que se superponen al marcado deterioro del servicio ferroviario a todos los niveles (Cercanías, Media Distancia, y Alta Velocidad). Causa sonrojo que el Gobierno pretenda echarle las culpas de estos accidentes a decisiones que pudo tomar el PP hace diez años, cuando son ellos quienes llevan más de ocho años gestionando estas infraestructuras, con el desastroso resultado que llevamos años viendo.

- Efectivos de la UME trabajan en la zona del accidente ferroviario en Urda. -
- Foto: DIEGO RADAMÉS / EP
Cuando se produjo el desastre de la Dana y se comenzó a evidenciar que la actuación del entonces president, Carlos Mazón, había sido negligente e irresponsable en grado superlativo, hubo un clamor social que exigió su dimisión. Mazón se agarró al puesto, demostrando su catadura moral a todos los valencianos, y sólo dimitió un año después y con ciertas garantías de su partido. Pero Óscar Puente no tiene un año de margen. De hecho, debería haber dimitido después de Adamuz. Por la gravedad del accidente, por la mencionada gestión desastrosa de la red ferroviaria, y porque además no se compadece bien con este pobrísimo balance el que se dedique a ir por ahí en sus redes sociales insultando a la gente y burlándose de la oposición como si él estuviera respaldado por algo más que el apoyo hasta ahora cerrado de Pedro Sánchez.
Un apoyo que, desde luego, Puente no se ganó merced a su gestión, sino por asumir el rol de perro de presa contra el PP desde la fallida investidura de Núñez Feijóo en 2023 (cuando Puente, entonces diputado raso, se encargó de darle la réplica al candidato del PP). En premio, Sánchez le dio a Puente el Ministerio de Transportes, uno de los más codiciados, porque reparte dinero público a espuertas y permite colocar a un montón de paniaguados (recuerden que José Luis Ábalos estuvo tres años en ese ministerio, con recordado éxito). Y también permite meter muchísimo dinero en medios de comunicación, que han contribuido a elevar un -a mi juicio surrealista- perfil de Puente como presidenciable, o al menos posible sucesor del propio Sánchez.
Ahora todo eso se ha acabado, por si cupiera alguna duda antes. Puente debería haber dimitido ya, o ser destituido por Sánchez. Y no por mejorar las pobrísimas expectativas que se le abren al PSOE en las inminentes elecciones (aunque, si acaba dimitiendo, no les quepa la menor duda de que lo hará por esa razón), sino porque lo sucedido es consecuencia directa de una red de transportes muy mal gestionada, deteriorada no sólo por la carencia de inversiones, sino por inversiones mal diseñadas y con un personal de escasa o nula cualificación, que está ahí por reírle las gracias al ministro cuando ejerce de influencer malote en las redes sociales.