Los informes contrarios de la Conselleria de Medio Ambiente al desarrollo industrial de La Canal han despertado en Alcoy una ola de reacciones poco esperanzadoras. La ciudad vuelve a encontrarse ante un escenario preocupante: abundan las discrepancias, pero escasean las propuestas capaces de ofrecer una salida viable a la falta de suelo para empresas. El riesgo es que Alcoy prolongue un debate que oculta la verdadera pregunta: ¿qué futuro económico puede tener una ciudad que no dispone de suelo industrial suficiente?
En lugar de promover un análisis riguroso y sereno, los partidos y los agentes económicos parecen más preocupados por defender sus respectivas posiciones que por contrastarlas. Los socios del Gobierno local insisten en que existen alternativas a La Canal, pero todavía está por demostrar que puedan responder, en superficie, costes y plazos, a las necesidades reales de las empresas. Presentar opciones no equivale a acreditar su viabilidad.
El PSOE, con su candidata a la Alcaldía, Lorena Zamorano, a la cabeza, ha reivindicado la opción de la zona de Pagos. La propuesta plantea interrogantes por la superficie disponible: menos de 200.000 metros cuadrados tras el último recorte, motivado por los problemas de estabilidad de parte del terreno, próximo a una ladera. Además, la decisión de los propietarios de plantear un uso fotovoltaico para el terreno obliga a preguntarse hasta qué punto consideran viable su transformación industrial.
La segunda alternativa es ampliar el polígono de Santiago Payá, que arrastra desde 2012 problemas relacionados con su acceso. Los deslizamientos y las dudas sobre la estabilidad del terreno obligan a preguntarse hasta qué punto resulta razonable plantear su ampliación sin resolver antes las dificultades que afectan al polígono actual. Mantener esta opción sobre la mesa exige, como mínimo, acreditar su viabilidad técnica y económica.
Compromís, el otro socio del Gobierno local, ha añadido a la ecuación la alternativa comarcal, que también encuentra obstáculos. La propuesta ha suscitado rechazo vecinal en algunos de los municipios señalados para albergar nuevas áreas industriales. En Muro, donde la alternativa también ha generado controversia, el Ayuntamiento ofrece de nuevo suelo a la Conselleria. La alternativa comarcal ya fue cuestionada durante la etapa de la Generalitat del Botànic por sus elevados costes de urbanización. Después de tantos años de debate, lo mínimo exigible es que las propuestas tengan en cuenta los antecedentes y expliquen cómo se resolverían los problemas que ya se plantearon.
Hay, además, una cuestión que no puede despacharse con buenas intenciones: ¿qué municipio de la comarca está dispuesto a asumir los costes y las consecuencias de reservar parte de su territorio para atender las necesidades industriales de otras poblaciones?
Del otro lado, los defensores de La Canal tampoco han ofrecido todas las explicaciones necesarias. La Generalitat y la Cámara de Comercio se han reunido al margen del Ayuntamiento, una decisión que no contribuye a generar la confianza institucional que exige un asunto de esta trascendencia. Si los representantes empresariales consideran que el Gobierno local no es un interlocutor válido para abordar el futuro industrial de Alcoy, deberían explicar públicamente sus razones. Hay motivos para exigir responsabilidades al PSOE, que lleva dieciséis años al frente del Ayuntamiento sin haber logrado poner nuevo suelo industrial a disposición de las empresas.
La Generalitat, por su parte, debe explicar una cuestión fundamental: qué ha cambiado en los criterios técnicos que ahora llevan a reforzar la protección de La Canal y ponen en cuestión el proyecto. Si existen nuevos argumentos ambientales que justifican ese cambio de posición, la ciudadanía tiene derecho a conocerlos. La posición autonómica deja, además, al PP de Alcoy en una situación incómoda, sin que haya explicado suficientemente por qué considera necesario desarrollar La Canal ni cómo respondería a las objeciones planteadas.
El debate sobre el suelo industrial no puede seguir reducido a un intercambio de reproches entre partidos e instituciones. La falta de una solución obliga a ir más allá de la confrontación entre alternativas cuya viabilidad todavía está por demostrar. Alcoy necesita una reflexión de fondo sobre su futuro económico: si no consigue desbloquear el desarrollo industrial, ¿de qué vivirá la ciudad? ¿Qué actividades podrán sostener su prosperidad y generar empleo? La alternativa es resignarse a contar las oportunidades perdidas y las empresas que acaban instalándose en otros municipios.
La reciente operación de Ubesol en las antiguas instalaciones de la textil Comersan, en Cocentaina, debería servir para alimentar esa reflexión. La empresa prevé instalarse en un espacio de unos 30.000 metros cuadrados y anuncia la creación de 200 puestos de trabajo. Se trata de una operación que ilustra el atractivo que pueden tener las parcelas de gran superficie para determinados proyectos empresariales y la importancia de disponer de suelo adecuado para acogerlos.
El caso de Ubesol recuerda que la disponibilidad de parcelas adecuadas puede resultar determinante para atraer inversiones y generar empleo. Y obliga a preguntarse cuántas oportunidades podría estar perdiendo Alcoy por no haber resuelto un problema que lleva décadas sobre la mesa.
No es una cuestión de partidos. Es una cuestión de futuro económico. Alcoy —y la comarca— necesita menos confrontación y más decisiones fundamentadas. Cada día que pasa sin una respuesta a esta encrucijada económica es una oportunidad perdida para una ciudad que no puede permitirse seguir languideciendo.
Juan Enrique Ruiz es periodista y profesor
