Se dice de quienes hemos nacido en Orihuela que vamos siempre por delante con nuestro de dónde somos, orgullosos de una ciudad vieja que, como siempre pasa, ha tenido momentos mejores y, seguramente, también peores. Pero que tiene otros en los que deberíamos bajar un tanto la cabeza y dejar portes altaneros cuando nos recuerden nuestra experiencia política local reciente. La de los últimos poco más de treinta años al menos.
Hace días la noticia era que el actual alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ocuparía como procesado plaza en el banquillo por las acusaciones que contra él y otros sostiene la Fiscalía por supuestos fraude tributario y falsedad documental. Pero la noticia no era ya que un alcalde sea juzgado penalmente, sino que con él se completa el quinteto de alcaldes del Partido Popular oriolano que se han sentado ante un juez acusados de cometer un delito. Cinco alcaldes, cinco, y todos del mismo partido y en la misma ciudad. Elegidos por sus vecinos, algo que nadie niega. Pero algo que hoy es realmente para presumir poco o nada: dos condenados, uno esperando sentencia en apelación y otros dos pendientes de celebrarse su juicio respectivo.
Vegara acaba de salvar un match point por la indisposición de la magistrada que debía juzgarlo, con prórroga hasta el próximo mes de mayo de un partido que ya se alarga demasiado, que hace mucho que debió haber concluido y en el que el público, una parte importante del mismo cuando menos, sigue sorprendentemente apoyando a su jugador sin fisuras y pese a todo.
El espectáculo para Orihuela no puede ser más vergonzoso, salvo que estemos dispuestos a constituirnos en capital española del lawfare, pero no todo por nuestros políticos condenados y/o pendientes de sentencia, sino por ser todos el centro de las risotadas de quienes, como sucedió el pasado 17 de noviembre, se preguntaban en un plató de TV de una cadena nacional cómo podíamos los oriolanos votar de manera permanente, elección tras elección, al partido que ha conseguido el récord histórico de ver a todos, absolutamente a todos sus alcaldes, desfilar por el juzgado con acusaciones muy graves, bien relacionadas directamente con su labor política, bien, como en el caso de los dos últimos, por cuestiones particulares que de particulares tienen poco cuando en un caso se trata de la acusación de haber cobrado un sueldo público sin acudir a trabajar durante varios años y en otro de defraudar impuestos mediante documentos mercantiles falsos.
Dejando al margen la presunción de inocencia constitucional, que hay que creerse siempre, y que opera en el ámbito penal, hay otra cosa que se llama ética pública o responsabilidad política, un principio que todos reclamamos pero que luego muchos olvidan aplicarse. Un valor que debería impedir que nadie que tenga asuntos pendientes con la Justicia, y no una simple investigación en marcha o una acusación de parte interesada, sino una imputación sólida de un delito concreto por parte de un juez instructor que ya ha tenido ocasión de ver los indicios y de oír al interesado, pueda presentarse como candidato, o mantenerse, en la responsabilidad de ser alcalde de los suyos.
Mirar hacia otro lado cuando es uno los nuestros el protagonista dice muy poco de los ciudadanos que lo eligen o lo sostienen con tales lastres. Porque deberían ser ellos los primeros en rechazar que con tal historial, como el que del último alcalde de Orihuela, por ejemplo, se conoció el mismo día de la presentación de su candidatura en abril de 2023, se pueda dirigir toda una Administración Pública municipal pretendiendo ser, además, ejemplo de cómo deben hacerse las cosas.
La sensación de falta de una mínima dignidad es aún mayor cuando las chanzas van en la línea de “cómo serán los otros si la gente vota a estos conociéndolos…”. Y no duden que se les conoce, y se lo dice alguien que ha estado ahí, que ha planteado una alternativa y que se encontró enfrente con la estrategia del “cuanto peor, mejor”, postura de una izquierda oriolana incapaz, por un lado, de sumar desde hace décadas, y por otro, de apartarse de la tentación de ser antes oposición que se lamenta que gobierno que soluciona. Y a las simples pruebas me remito…
En Orihuela, pero seguramente en muchos otros lugares, el problema no se solucionará nunca si seguimos empeñados en votar a los mismos, si la decisión es seguir sin dar más alternativa que esperar a conocer al próximo mirlo blanco designado por el Partido Popular. O si nuestra cortedad de miras mantiene cautivo el voto de derechas mayoritario y de izquierdas minoritario sin atrevernos con soluciones desideologizadas, simplemente porque así votaban nuestros padres. Que por algo en nuestro escudo consta lo de que semper prevalvit ensis vester (siempre prevaleció vuestra espada). O cualquier otra cosa, por lo visto, que pueda dejarse caer sobre una mesa…
