Nos tenemos que remontar a julio de 2014, cuando, tras varias asambleas sectoriales y provinciales, ruedas de prensa, apariciones públicas en foros especializados, etc., los empresarios valencianos asociados en torno a la entonces patronal autonómica Cierval, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia, la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana (CCCV), reunidos en la sede valenciana de la CEV, redactamos un documento conjunto en el que mostrábamos nuestro hartazgo y reclamábamos las infraestructuras indispensables para la Comunitat Valenciana, y también exigíamos un cambio radical de modelo que resolviera nuestra infrafinanciación autonómica.

El entonces presidente de la patronal autonómica Cierval, José Vicente González, que ya nos abandonó (d. e. p.), exigió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que tomara "una decisión política que mejore nuestra financiación". El presidente de AVE, Vicente Boluda, no se quedó a la zaga y aseguró que la "indignación (empresarial) llega a un punto insostenible, ante el ninguneo del Gobierno. Se ha rebosado el vaso y ya estamos hartos de que se nos trate como a peleles...", concluyó el líder de esta asociación empresarial que integra a los más de cien mayores empresarios de la Comunitat. "Estamos hartos, vemos que somos una comunidad autónoma con problemas financieros, que el Consell tiene dificultades para llegar a final de mes y nos sentimos ninguneados. ¿Por qué ser menos que otro español?", dijo el presidente de la Cámara de Comercio, José Vicente Morata. Finalmente, la Cámara de Contratistas, ante un interminable listado de infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias e hidráulicas —todas ellas prioritarias y necesarias para relanzar nuestra industria y agricultura exportadora y potenciar nuestro turismo, años tras año incumplidas—, por boca de su director gerente, Manuel Miñés —autor de este artículo— lanzó: "Declaramos persona non grata a la ministra de Fomento Ana Pastor Julián".

Solo un apunte: anteriormente, y siendo ella misma ministra de Sanidad, Pastor prometió solemnemente al president Francisco Camps que, al ser el nuevo Hospital Universitario La Fe un hospital de referencia y haber sido transferidas las competencias en Sanidad a la Comunitat Valenciana —tan deficientemente valoradas y además con graves carencias hospitalarias—, la Administración central (Ministerio de Sanidad) correría con el 50 % del coste del hospital. Este compromiso jamás fue cumplido, a pesar de que el mismo día de la inauguración de la Nueva Fe Francisco Camps le recordara públicamente la deuda, ya que, aun ya no ostentando la cartera de Sanidad, fue invitada al acto inaugural del centro hospitalario. Como vemos, doblemente mereció ser declarada persona non grata.

También al president Alberto Fabra se le censuró, por parte del empresariado, su fragilidad, falta de presión y conformismo ante el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

En paralelo, y como apoyo a todas estas manifestaciones empresariales, se elaboró un exhaustivo documento de reivindicaciones, presentado previamente a Isabel Bonig y avalado tanto por el líder de la oposición y del PSPV, Ximo Puig, como por los diputados valencianos portavoces en infraestructuras en las Cortes Generales en Madrid, Mario Flores (PP) e Inmaculada Rodríguez-Piñero (PSOE).

Si analizamos el Gobierno de Rajoy y Montoro bajo la perspectiva valenciana, recordemos cómo la Ley 22/2009, que regía el sistema de financiación de las CCAA del régimen común —y cuya vigencia y obligación de modificación o adaptación vencía precisamente en el año 2014—, a pesar de ser la causante de la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, reconocida por el Ivie, Fedea, BBVA Research, etc., juntamente con la Región de Murcia, sí creó una comisión de expertos para su modificación, pero, amparándose en la deuda heredada que dejó Rodríguez Zapatero (70,5 % s/PIB), implantó una política de recesión y drástica disminución del gasto ante la amenaza del rescate bancario advertido por la UE, y ni siquiera el PP de Génova fue capaz de mejorar, aunque fuera mínimamente, la financiación de la Comunitat Valenciana.

Los sacrosantos principios que deberían regir las prestaciones económicas entre el Gobierno central y las autonomías —a saber: transparencia, correspondencia fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos (sanidad, educación, dependencia/servicios sociales y movilidad), financiando la AGE el coste efectivo de los mismos—, ni Rajoy ni Montoro movieron un dedo para corregir la infrafinanciación de los valencianos.

En cuanto a políticas de infraestructuras, tras los sucesivos incumplimientos en materia ferroviaria por parte de Ana Pastor, a quien debemos el fracaso, tanto económico como de operativa ferroviaria, de la implantación del tercer hilo o carril entre Valencia-Castellón y viceversa —implantar el ancho UIC internacional de 1.435 mm entre el ancho ibérico de 1.668 mm—, que se nos vendió como "muy económico, rápido de implantar y eficiente", tras quince años de ímprobos trabajos, numerosísimos percances y falta de operatividad para los tráficos de Cercanías (líneas C-5 y C-6), trenes de media distancia, regionales, Euromed y mercancías, resultando además este trazado de 73 km carísimo, dificultoso de ejecución (solo en horario nocturno) e inoperativo según informes emitidos por la AESF (Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria), que ha empleado días y meses —y más meses— en dar su visto bueno a este invento "provisional" de Ana Pastor.

A ella le sucedió el ministro de Fomento e ICCP Íñigo de la Serna (noviembre de 2016–junio de 2018), que se comprometió en diciembre de 2017 a lanzar un Plan de Cercanías para la Comunidad Valenciana (2017–2025) por importe de 1.436 millones de euros, y cuyo resultado —suma de las inversiones realizadas por Adif Cercanías y Renfe al finalizar el plazo convenido de diciembre de 2025— apenas ha llegado a una ejecución del 38 % de la inversión comprometida. Incumplimientos que hay que atribuir plenamente a los sucesivos ministros de Fomento/Transportes del Gobierno del PSOE: José Luis Ábalos, Raquel Sánchez Jiménez y Óscar Puente Julián.

Consecuencia, pues, del actual modelo vigente de financiación, pendiente de revisión desde 2014, y que, como hemos apuntado, ni Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro, ni desde junio de 2018 Pedro Sánchez y María Jesús Montero, han querido modificar, salvo frustradas e inoperantes comisiones de Política Fiscal y Financiera dirigidas única y fundamentalmente a beneficiar a los partidos nacionalistas/independentistas que son los que los mantienen en el Gobierno, a pesar de no tener PGE desde 2023.

Ante ello, este es el triste panorama de la Comunitat Valenciana.

Nuestro ratio poblacional es del 11,8 % (5.467.242 hab. CV / 49.315.949 hab. nacional), mientras nuestro PIB, CV, es de 148.283 millones de euros, lo que representa una aportación al PIB nacional del 9,30 %.

En consecuencia, nuestra riqueza, PIB/cápita, es de 27.611 €/año/valenciano, frente a una media de 32.633 €/año/español. Por primera vez, históricamente, los valencianos, en renta per cápita, estamos un 15 % por debajo de la riqueza media nacional.

A consecuencia de todo ello, nuestra deuda financiera asciende, cerrado 2025, a unos 60.696 millones de euros, equivalentes al 40,50 % de nuestro PIB CV. Deuda que el actual Consell del PP ha conseguido al menos contener, aun con el esfuerzo inversor que han supuesto las obras de emergencia post-Dana.

Si analizamos la licitación pública habida en la Comunidad Valenciana (AGE + CCAA + AALL) entre enero de 2018 y diciembre de 2025, suma 18.463,191 millones de euros, lo que equivale a 422,13 €/hab. CV/año, frente a una media española de 488,36 €/hab./nacional/año.

Ello representa que somos la 11.ª comunidad autónoma en obras licitadas (que a lo largo de los años se convierten en inversión) y supone que tenemos asignado un déficit de inversión desde que está el Gobierno de Pedro Sánchez de −2.890 M€.

Tanto y tanto hablar del esfuerzo inversor de Adif en la Comunidad Valenciana… Pues vayamos a los números y a la plataforma de contratación, que no miente.

AÑO 2025
Licitado por Adif (nivel nacional): 2.992,539 M€
Licitado por Adif (C. Valenciana): 67,374 M€
Ratio: 2,25 % CV/nacional

AÑO 2019-2025
Licitado por Adif (nivel nacional): 20.871,125 M€
Licitado por Adif (C. Valenciana): 1.606,272 M€
Ratio: 7,73 % CV/nacional

No olvidemos que nuestro ratio poblacional es del 11,80 %.

Para finalizar, y aunque tan sea una breve cita, sí consideramos necesario enumerar respecto al MITMS las obras pendientes ferroviarias en la ciudad de Valencia:

— Estación central subterránea Nord Valencia.
— Eje pasante norte-sur y sus estaciones intermodales.
— Prolongación del túnel ferroviario del Cabanyal.

Obras pendientes ferroviarias de Cercanías:

— Reactivar la cooperación y estudios de trazado de Gandía → Oliva → Dénia (hasta enlazar con FGV-Tram de Alacant).
— Duplicación de la línea C-1: Cullera → Tavernes de la Valldigna → Gandía.
— Duplicación de la línea C-3: Valencia → Xirivella → Cheste → Buñol → Utiel.
— Duplicación/electrificación de la línea C-6: Castellón–Vinaròs.
— Conexión aeropuerto de Alicante con Alicante ciudad.
— Interconexión estación Elche Parque con Elche AVE.
— Ampliación y mejora de la línea C-3: Alicante → San Vicente del Raspeig (Universidad de Alicante y San Vicente centro).

Obras viarias: carreteras y autovías.

— Duplicación del tramo B-1 de la autovía A-7 (By-pass de Valencia) entre el enlace CV-35 (autovía de Llíria) y la V-30 (autovía paralela a ambos lados del nuevo cauce del río Turia hasta el puerto de Valencia).

Es la circunvalación de mayor siniestralidad de España: entre 2018 y 2024 ha tenido 14 accidentes mortales, 151 heridos hospitalizados y retenciones máximas de 5 horas y 15 minutos, y retenciones medias de 4,82 km. Obra solicitada al ministro Óscar Puente por escritos de la Cámara de Contratistas CV del 6 de mayo y el 16 de julio.

Ante el compromiso tomado por España ante la OTAN en acometer los gastos de Defensa, y ante la presencia en Bétera del cuartel de alta disponibilidad de la OTAN, al igual que se está haciendo en Alemania y en otros países de la UE, se deben incrementar las infraestructuras aptas para la guerra (infraestructuras duales de uso civil y militar), ya que estas infraestructuras se consideran y aceptan como «gastos de Defensa».

— Ampliación, mejoras funcionales y seguridad vial de la A-7 en su tramo norte y mejora de la conectividad de la A-23 (autovía Mudéjar: Sagunto → Zaragoza) con la V-23 (acceso al polígono logístico de Sagunto I y II y dársena portuaria de Sagunto con la A-7, By-pass).

— Obras de conexión entre la marginal V-30 (sentido Madrid) y la autovía A-3, salvando el nuevo cauce en los municipios de Valencia, Xirivella y Mislata (aprobado ya el proyecto de trazado el 26/08/2024).

La IMD de la V-30 en el término municipal de Mislata es de 135.000 vehículos/día, con un 22 % de pesados.

— Mejoras funcionales y de seguridad vial y mejoras ambientales en la autovía A-70 de la 1.ª circunvalación de Alicante, en su enlace con la A-77a (salida Universidad de San Vicente del Raspeig) y la A-31 (salida a Madrid, Novelda, Villena, Almansa y Albacete).

Es la única autovía de España que soporta una IMD diaria de 98.000 veh/día con solo dos carriles por sentido.

— Proyecto de implantación de terceros carriles de circulación rápida para adelantamiento de camiones en la AP-7, en el tramo coincidente con el clúster azulejero/cerámico (Nules–Alqueríes–Vila-real), a lo largo de 15 km.

Incluye los tramos: Castellón → Les Alqueríes (pk 437+300 al 442+000), en el término municipal de Vila-real; Moncofa → Almenara (pk 456+700 al 463+400), en ambos sentidos (términos municipales de Moncofa, Xilxes, La Llosa y Almenara).

— Apartaderos para camiones (áreas de descanso, tacómetro, repostaje, etc.) en los puntos kilométricos 428 y 431, y en los PK 450 y 453.

Reivindicaciones dirigidas al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMS), responsabilidad de Óscar Puente, pero que igualmente, en semejante número y cuantía económica, podríamos dirigir al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD), de Sara Aagesen, aunque, por no cansar a los lectores y abusar del espacio gentilmente concedido por el digital Valencia Plaza, dejaré para un próximo artículo.

No nos resta sino felicitarnos —todos los empresarios de la Comunitat Valenciana— y felicitar merecida y efusivamente a la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), y muy especialmente a su presidente, Vicente Boluda, porque su reunión y asamblea anual, celebrada el pasado martes día 10, debe ser el germen de una nueva reivindicación y documento, síntesis de agravios que hoy, en febrero de 2026, sigue sufriendo —si cabe más profunda— en infrafinanciación y en infradotación de infraestructuras básicas y, por ello, prioritarias, la Comunidad Valenciana.

Documento que debería ser suscrito por todas las entidades empresariales y por todos los grupos políticos de nuestro arco parlamentario, tanto a nivel de Les Corts Valencianes como por nuestros representantes en el Parlamento español, dirigido al presidente Pedro Sánchez y, por supuesto, también al presidente del primer partido de la oposición, PP, con grandes y esperanzadoras opciones a gobernar nuestra nación, Alberto Núñez Feijóo.

Debemos hacer nuestras, los empresarios, las palabras de la poetisa Emily Dickinson: "Solo cuando te pones de pie conoces tu verdadera estatura". Los empresarios valencianos hemos estado tanto tiempo postrados, arrodillados, complacientes, incluso como "obligada claque", que nos ha llevado al actual "crack económico de la Comunitat". ¡Levantémonos, nuestro hartazgo ha llegado al límite!

Empresaris valencians, en peu alcem-se!