Abordar el fenómeno de la hiperregulación supone sumergirse en uno de los mayores desafíos de la política y la economía moderna. Aunque resulta complejo determinar cuándo se produjo este fenómeno, lo cierto es que la hiperregulación tiene su causa en la voluntad del Estado en intervenir en la vida pública de los ciudadanos, de modo que un Estado intervencionista tiende a mantener un importante número de normas atinentes a cualquier ámbito.
En este sentido, la historiografía pone de manifiesto como existen etapas de fuerte intervención del Estado como en los años ’80 del s. XX, época bautizada como la del “Estado regulador”, o como en la década del 2000 como consecuencia de la crisis financiera del 2008. Pero también podemos encontrar fechas no muy lejanas como los labores del s. XXI, donde se consideraba que el mercado podía regularse solo, de modo que la intervención del Estado no dejaba de ser una traba al crecimiento y desarrollo económico.
Lo cierto es que en la actualidad, la proliferación normativa es de tal magnitud que resulta complejo dominar y conocer los textos legales de aplicación a un caso en concreto. Esta situación parece que dista mucho de mitigarse. En efecto, la crisis financiera de 2008, la tecnología y el control de datos, la sostenibilidad, etc., provocan la creación constante de normas con el fin de canalizar tanto las nuevas ideas políticas como los fenómenos sociales del momento.
Sin embargo, ello provoca ciertos inconvenientes como el freno a la innovación y el emprendimiento, la inseguridad jurídica y la contradicción, el coste de cumplimiento de la normativa (compliance), la parálisis por análisis del funcionario, desapego ciudadano, etc. Aunque también es justo reconocer, que la hiperregulación tiende a proteger al consumidor, crear estabilidad ante riesgos sistémicos, garantizar la privacidad de los datos personales, proteger los derechos laborales y el medioambiente.
Así, con el fin de encontrar el “punto óptimo”, el pasado mes de diciembre el Consell aprobó el Decreto ley 14/2025, de medidas urgentes contra la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado, título de la norma que ha sido corregido recientemente mediante la sustitución “contra” por “frente”, evidenciando la preocupación del legislador por los efectos negativos de la hiperregulación, fijando así un título más amable de la norma.
El mencionado Decreto ley aborda la reforma de más de noventa normas de nuestra Comunidad, cuyo objetivo principal es crear estabilidad normativa mediante un sistema de simplificación normativa, utilizando así un lenguaje claro preciso y comprensible, adecuado al perfil de las personas a las que vayan dirigidas. Además, la Administración se auxiliará de herramientas basadas en inteligencia artificial para identificar ámbitos con gran dispersión normativa, así como preceptos y normas derogadas materialmente, que contengan redundancias, incoherencias y cargas administrativas innecesarias. Incluso, se crea un canal que recibirá y canalizará sugerencias, quejas y propuestas de simplificación normativa por parte de la ciudadanía y las empresas, así como por las personas empleadas públicas de la Generalitat.
Ciertamente, no sabemos los efectos que provocará la nueva norma, pero podemos considerar que nos encontramos ante un cambio de ciclo en el que tal vez, crezca el emprendimiento en nuestra Comunidad, se reduzcan los precios que pagan los consumidores y haya una mayor transparencia en el gasto del dinero público. Ojalá sea así.
Javier Vercher Moll es profesor doctor de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia
