En estos tiempos en que la condición de víctima de una opresión genera identidad y concede una cierta superioridad moral, conviene otorgar el valor que les corresponde a quienes padecen catástrofes y tragedias tras las cuales, además del infortunio, suele aflorar una grieta en la gestión pública. Estos damnificados ven agravado su dolor —por heridas directas o pérdidas irreparables— al comprobar la continuidad de las autoridades políticas al frente de la administración afectada. Porque todas las tragedias son, en alguna medida, evitables.

Esta misma semana hemos conocido la frase que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, dirigió a los afectados por el accidente ferroviario de Adamuz cuando estos reclamaban su dimisión: “Yo no he soldado el raíl”. La respuesta provocó su estupefacción. Según su razonamiento —lo cual, tratándose de Puente, ya es mucho suponer—, el operario de mantenimiento tendría más responsabilidad que el propio ministro. En ese caso, por coherencia, debería renunciar al sueldo y a las prebendas inherentes al cargo —chófer, vehículo oficial y asesores— para asumir las condiciones laborales de quienes mantienen las vías. O incluso situarse por debajo de ellos, dado que, según esa lógica, su nivel de responsabilidad sería menor.

No le vendría mal al ministro releer lo que el sociólogo Max Weber escribió a principios del siglo XX en La política como vocación: “El político debe tener amor apasionado por su causa, ética de la responsabilidad y mesura en sus actuaciones”. Puente no cumple ninguna de esas premisas.

Permanecer en el cargo no devolverá la vida a los 49 fallecidos ni sanará milagrosamente a los cientos de heridos del siniestro ferroviario. Pero negarse a asumir responsabilidades mediante la dimisión constituye una forma de desprecio hacia las víctimas. Basta ponerse en su lugar para comprender qué puede sentir alguien que, tras perder a un familiar, contempla la impunidad de una clase dirigente que continúa adelante como si nada hubiera sucedido. Por respeto a quienes han sufrido una tragedia, y por la dignidad que merecen, cuando la gestión política forma parte de las causas del desastre —aunque sea de manera indirecta— el responsable público debe dimitir.

Hablamos de Puente por la torpeza recientemente conocida. Pero existen muchos más ejemplos. Basta pensar en cómo habrán vivido las víctimas de la Dana el hecho de que Carlos Mazón haya permanecido durante un año al frente de la Generalitat, acumulando polémicas, descrédito y sueldo público. O qué pensarán al verlo todavía en su escaño de Les Corts Valencianes, sonriendo para mayor escarnio de los afectados, sin que nadie en el Partido Popular se atreva a exigirle el acta. Más desolador resultaría aún para los damnificados conocer el poder real que Mazón continúa ejerciendo en la Diputación de Alicante.

La impunidad política en situaciones de crisis atormenta a las víctimas, con quienes, además, los dirigentes suelen evitar reunirse. Mantenerse en el cargo equivale en muchos casos a transmitir que lo sucedido no reviste tanta gravedad; que el dolor de las víctimas resulta irrelevante. Y esa percepción corroe a quienes padecen las consecuencias. Por eso tantos colectivos de afectados hablan de alcanzar la paz: porque les perturba comprobar que los responsables públicos, en lugar de reconocer el sufrimiento ajeno, recurren una y otra vez a la estrategia atribuida a Mariano Rajoy: dejar pasar el tiempo, confiando en que el desgaste lo diluya todo.

Además de la memoria y la justicia —que dirimen otro tipo de responsabilidades—, el derecho de las víctimas a la dignidad comienza con la asunción de responsabilidades políticas. Así debería suceder siempre que, tras una tragedia, exista siquiera un indicio de negligencia institucional.

Por todo ello, es importante que los gobernantes entiendan que son responsables de cuanto ocurre bajo su mando. Su obligación consiste en establecer mecanismos de control y equipos eficaces que conviertan la administración en una herramienta útil para mejorar la vida de los ciudadanos: ya sea respondiendo con rapidez ante una catástrofe, modernizando infraestructuras o garantizando medidas de seguridad. Eso es gobernar. Lo otro no es más que un cómodo ejercicio de postureo al que muy pocos están dispuestos a renunciar.

Juan Enrique Ruiz es periodista y profesor de Historia.